Por María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law en Chile.
Han pasado ya más de 40 días desde la entrada en vigencia de la Ley Karin, legislación que busca garantizar espacios laborales seguros y libres de acoso, estableciendo la obligación de prevenir los actos que vayan en contra de este objetivo. Durante este período se han evidenciado modificaciones en las dinámicas dentro de las organizaciones y los espacios laborales.
Uno de los efectos inmediatos que se han observado ha sido el incremento en el número de denuncias, particularmente en el sector privado, tanto ante los empleadores como de cara a la Inspección del Trabajo. Este aumento no sorprende, dado que la nueva normativa modificó el concepto de acoso, bastando que las conductas que puedan generar maltrato, menoscabo, humillación o perjudicar las oportunidades en el empleo, se configuren una sola vez.
Además de ello, ha incluido la obligación de contar con un protocolo de prevención y manejo de la violencia en los espacios laborales. El cambio ha llevado a una mayor visibilidad de las problemáticas que anteriormente podían haber pasado desapercibidas o no ser debidamente reportadas.
Mientras que en el sector privado ya existía una regulación en materia de acoso laboral y sexual, en las instituciones públicas, la situación presenta diferencias. Dado que la legislación es nueva en este ámbito, las denuncias deben ser presentadas ante el jefe de Servicio o Contraloría General de la República. Sin embargo, aún no existen estadísticas claras para medir el impacto de la normativa en este sector, lo que subraya la necesidad de continuar monitoreando y ajustando su implementación para asegurar que se logren los objetivos de la ley.
En lo inmediato, la normativa dará pie a un aumento en las denuncias, lo que podría generar alteraciones en el clima laboral y en los equipos, Sin perjuicio de lo anterior, en el mediano plazo, se espera que éstas funcionen como un catalizador para un cambio cultural dentro de las organizaciones, promoviendo ambientes de mayor respeto y cuidado en las relaciones interpersonales en el contexto laboral. Lo anterior, considerando el daño que las denuncias por acoso podrían generar en los equipos de trabajo.
Otro punto relevante a considerar es la capacidad de respuesta de la Inspección del Trabajo. El aumento en la carga de la institución podría retrasar los tiempos de resolución de los casos, incentivando a los empleadores a invertir más en la prevención y en la creación de un ambiente laboral más seguro y respetuoso, evitando así llegar a situaciones de conflicto que puedan derivar en denuncias.
Este primer mes de la entrada en vigor de la Ley Karin ha sido un periodo de ajuste tanto para las organizaciones del sector público como del privado, que continuará desarrollándose por un buen tiempo antes de que las empresas e instituciones internalicen los nuevos requerimientos legales, y que los trabajadores se familiaricen con sus derechos. A largo plazo, el éxito de la normativa dependerá de la capacidad de todos los actores involucrados de no solo cumplir con las regulaciones establecidas, sino también de promover una cultura de respeto y prevención, que vaya más allá del cumplimiento mínimo de la ley.
