Por Hans Rosenkranz, director ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias
Imagine que el Estado de Chile decide construir un hospital a través de un modelo de concesiones, para lo cual convoca a una licitación de ofertas. En las bases, el Estado establece que aportará solo el 50% de los recursos, que entregará mensualmente. Exige que se le rinda el 100% de los fondos usados mes a mes, pero no dice nada acerca del plazo en que revisará (para aprobar o impugnar dichas rendiciones). Además, estipula una garantía equivalente al total de los recursos que aporta.
La entidad licitante también indica que será necesaria la participación de otros ministerios para establecer estándares, revisar el ajuste a la demanda y aplicar criterios específicos de cada una de sus materias. Pero, no establece criterios explícitos para esa participación ni asume la coordinación del proceso.
Cuando licitan, las empresas saben que más allá de que la construcción se ajuste al pliego técnico, están expuestas a la revisión y rechazo de los gastos teniendo que pagar de su bolsillo en dicho caso. También comprenden que cualquier desajuste en los plazos de construcción o en los requisitos establecidos por alguno de los entes mandantes, significa que se cobrará la garantía y se podrán iniciar procesos judiciales que, incluso, podrían terminar en penas de cárcel.
¿Cuántas empresas llegarían a presentar una oferta en una licitación como esta? Ninguna.
Pues bien, este es el panorama al que se enfrentan actualmente muchas fundaciones que llevan numerosos años prestando servicios de primera necesidad a personas en situación de vulnerabilidad, como colaboradoras del Estado.
Precisamente, una Ley que regule las transferencias que realiza el Estado a las organizaciones con y sin fines de lucro es una de las 46 propuestas que emanó de la conocida como Comisión Jaraquemada, convocada por el Gobierno en 2023 después de estallar el Caso Convenios.
En la discusión de esta ley deberemos empezar por reconocer y visibilizar el valor de las organizaciones de la sociedad civil como aliados estratégicos del Estado en la provisión de multitud de servicios a poblaciones vulnerables. No podemos permitir que se paralice todo el trabajo que venimos realizando y que muchas personas necesitadas dejen de recibir el apoyo que precisan. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, complementamos el rol del Estado llegando a personas que tienen necesidades básicas desatendidas o trabajando en causas que aún no entran en la política pública.
Apoyamos, como el que más, todos las prácticas y regulaciones que supongan un avance en probidad y transparencia. En la Comunidad de Organizaciones Solidarias llevamos una década avanzando por este camino. Pero también exigimos un trato justo y adecuado al rol de aliado que desempeñamos, comprometidos de igual a igual con la misión del Estado.
La situación actual está ahogando a las mismas organizaciones que acumulan años y años de relación con el Estado y de trabajo con las comunidades. Y está restando a muchas poblaciones precisamente de los recursos que el Estado destina para ellas porque si no lo hacemos nosotros ¿quién lo hace?
Unos casos de corrupción no definen a un sector que es aliado estratégico en el desarrollo social del país por más de 100 años.
