Por André Laroze, PhD en Recursos Forestales, CEO de PEFC Chile
Es un hecho que la opinión pública tiene una percepción negativa de las plantaciones forestales en todo el mundo. La deforestación de bosques tropicales, inicialmente para un uso agrícola que posteriormente fue reemplazado por extensas plantaciones forestales de especies exóticas, generó en el siglo pasado un trauma que perdura en la conciencia colectiva porque no acepta que las condiciones objetivas de la gestión forestal han progresado notoriamente, al punto de que la sostenibilidad global de los recursos forestales está sustantivamente determinada por las plantaciones forestales; no en vano, FAO las reconoce como bosques que fueron plantados para satisfacer la demanda mundial por bienes de origen forestal que son de consumo básico.
Por otra parte, es un hecho que Chile necesita recuperar productivamente los bosques plantados de pino y eucalipto afectados por los incendios forestales, para así alcanzar un nivel de abastecimiento de materia prima a largo plazo que permita elaborar, mediante la capacidad industrial instalada localmente, productos forestales esenciales para la vida cotidiana en todo el mundo. Tenemos entonces el imperativo de implementar un renovado programa de fomento forestal orientado a cerca de 100 mil hectáreas de pequeños y medianos propietarios que perdieron el valioso activo que habían formado gracias a la bonificación recibida por la forestación. Tal programa tendrá que superar la reticencia que las plantaciones generan en la sociedad civil.
La solución de este problema radica en evaluar socio-ambientalmente el fomento forestal como un proyecto de inversión público-privado, cuyo análisis se base en los impactos asociados a la tecnología productiva que se aplica en el presente, no en la que se aplicó el siglo pasado en la industria. En particular, es necesario que se tomen decisiones considerando el nivel de desarrollo alcanzado por la gestión forestal de los bosques plantados y cómo se han ido resolviendo los conflictos en el tiempo, porque así es como se obtienen los beneficios del progreso en las actividades productivas; teniendo presente que la demanda sigue creciendo por madera de construcción, muebles, papeles tissue y envases de cartón, entre otros.
Desde 2004, los sistemas de certificación de gestión forestal sostenible, como PEFC, han contribuido sustantivamente a mejorar la gestión en más del 60% de los bosques plantados en Chile (por ejemplo, hace más de 20 años que las plantaciones certificadas no sustituyen bosque nativo, se conservan áreas de alto valor ecológico y cultural, y existe una mejora continua en las condiciones del trabajo forestal). El cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales exigidos por los sistemas de certificación es auditado anualmente por una organización independiente de tercera parte, bajo normas reconocidas internacionalmente que se revisan periódicamente para mantenerse en concordancia con las demandas de desarrollo de la sociedad civil.
Por consiguiente, si se aplicaran los exigentes criterios e indicadores actualmente vigentes en el país para certificar la sostenibilidad forestal, como la base técnica de referencia para el adecuado diseño y evaluación del fomento a la recuperación productiva de la superficie forestal incendiada, tendríamos como resultado una nueva generación de bosques plantados de pino y eucaliptos, creados con una mirada de futuro.
