Por André Laroze, PhD en Recursos Forestales, CEO de PEFC Chile
Los bosques plantados son a la madera como los cultivos de trigo al pan, en el sentido de que los productos de origen forestal son bienes de consumo básico que están presentes en nuestra vida cotidiana. De hecho, lo invito a mirar su entorno y muy probablemente tendrá cerca un producto hecho de madera, como un mueble, una puerta o el piso; y de seguro usted ocupa diariamente más de un producto derivado de la celulosa, como el papel higiénico, las servilletas y los envases de cartón, entre otros.
Afortunadamente, estos productos provienen de un recurso renovable, el que bien gestionado puede entregar de manera sostenible la materia prima requerida para producir los múltiples bienes que satisfacen necesidades básicas de las personas: los bosques que se cosechan se reforestan y así la superficie forestal se mantiene en el tiempo, con una estructura de edades que permite alcanzar un nivel de abastecimiento continuo a largo plazo.
En Chile, los bosques plantados de pino y eucaliptos abastecen el 98% de la materia prima usada por la industria forestal nacional. Este patrimonio forestal de 2,3 millones de hectáreas fue establecido, en gran medida, como resultado de políticas públicas de fomento forestal aplicadas desde 1931 en adelante, siendo la Ley 19561 de 1998, aprobada por un gobierno y parlamento democrático, el último instrumento aplicado para bonificar la forestación por parte de pequeños y medianos propietarios de terrenos deforestados, fomento que terminó en 2011.
Que los distintos gobiernos desde 1931 coincidieran en promover la forestación tiene una razón concreta: como los propietarios no suelen disponer del capital que se debe inmovilizar en una plantación, no pueden forestar aunque quisieran hacerlo; entonces, para que el país capture el valor social asociado a la recuperación productiva de los terrenos deforestados de aptitud forestal, es indispensable dar incentivos económicos perdurables por parte del Estado. Así, la continuidad de las políticas de fomento tuvo como resultado el incremento gradual y sostenido del patrimonio de bosques plantados y, con ello, el desarrollo de la industria forestal, lo que ha sido una causa de interés nacional en distintas épocas.
Por el contrario, los incendios forestales, que tienen un impacto inmediato, dramático para la vida y viviendas de los afectados, también tienen un impacto indirecto para toda la sociedad, que se manifiesta más tardíamente en la disponibilidad de madera como materia prima. Según estimaciones del Instituto Forestal, sobre la base del patrimonio forestal previo a los grandes incendios de 2017 y 2023, el nivel de cosecha en equilibrio a largo plazo era de 46,9 millones de m3 anuales (INFOR, 2013); actualmente se estima que tal nivel de cosecha es de 41,3 millones de m3 anuales (INFOR, 2023); es decir, la capacidad industrial instalada tendrá un desabastecimiento estructural de casi 12% si no se recupera productivamente la superficie forestal quemada.
Al proporcionarnos bienes de uso diario, de manera sostenible en cuanto se renueven, los bosques plantados cumplen su papel fundamental para la sociedad: son la fuente de prácticamente todo el cartón, cartulinas y productos tissue que utilizamos en el país; también de casi toda la madera de construcción; y además, ha ido incrementando en forma gradual y persistente su participación en la biomasa utilizada como energía domiciliaria.
¿El Estado cumplirá su papel fomentando la recuperación de las 100 mil hectáreas quemadas de pequeños y medianos propietarios de plantaciones, las que fueron inicialmente bonificadas para crear en el país un recurso productivo de alto valor social, a partir de terrenos de aptitud preferentemente forestal mal aprovechados? Ojala, porque es apremiante: los bosques plantados toman de 12 a 25 años desde que se prepara el suelo hasta que se cosechan.
