Por Marcelo Reyes Busch, Líder del Programa Territorial Hito Más Parques, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la Universidad San Sebastián
En Chile existen 106 áreas silvestres protegidas, equivalentes a unos 15 millones de hectáreas. Esto es poco más del 21% de la superficie terrestre del país, lo que evidencia distancia respecto del Compromiso Global 30×30, que establece que al menos el 30% de la superficie del planeta debe estar protegida al 2030.
Asumir este compromiso implica hacernos cargo de una brecha de cobertura, pero también de recursos y capacidades institucionales para la conservación efectiva. La evidencia de esta brecha motivó un debate legislativo que culminó el 6 de septiembre de 2023, con la publicación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, consolidando a CONAF en el fomento forestal y el control de incendios.
Justo en el momento en que se discute la disponibilidad presupuestaria para implementar esta nueva arquitectura institucional, a la vez que el fortalecimiento de CONAF en su rol más específico ante la amenaza de los incendios forestales, que han destruido más de 4.000 hectáreas de bosque nativo en el último periodo estival, conviene tomar en cuenta la evidencia sobre los beneficios de los bosques para la salud física y mental de las personas y de todos los servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad.
Cuesta imaginar una inversión pública con mayor rentabilidad que la de sacar a Chile del grupo de los diez países en el mundo que menos invierten en la conservación de sus áreas silvestres protegidas. Avanzar en el sentido de lo mínimo aceptable, es un imperativo ético.
