Chile se convirtió en el primer país en el mundo en implementar el Tratado Global de los Océanos, acuerdo de la ONU que busca conservar la biodiversidad marina en las aguas internacionales.
Chile dio un ejemplo de compromiso ambiental al ser el primer país del mundo en ratificar el Tratado Global de los Océanos, un acuerdo alcanzado en marzo de 2023 por los países miembros de las Naciones Unidas, tras una década de negociaciones.
El tratado tiene como objetivo proteger el 30% de los océanos para el año 2030, creando zonas marinas protegidas que resguarden la vida silvestre y los ecosistemas de las amenazas humanas, como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático.
Reacciones
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, destacó la importancia de este acuerdo para el futuro del planeta y el rol de Chile como líder en la materia.
“La aprobación de este tratado confirma la vocación oceánica que ha tenido nuestro país, que posee la mayor superficie marítima de América Latina y el Caribe, y que ha impulsado iniciativas pioneras en la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos”, afirmó.
El Senado de Chile aprobó por unanimidad la ratificación del tratado, que requiere de al menos 60 países para entrar en vigor. Además, Chile ofreció la ciudad de Valparaíso como sede de la Secretaría del Tratado, que se encargará de coordinar y supervisar su implementación.
La decisión fue celebrada por organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, que calificó el tratado como “una muy buena noticia para los océanos y su biodiversidad”.
“Esperamos que sea una potente señal para que los demás países lo ratifiquen y entre pronto en vigor. Los océanos son el pulmón azul del planeta y albergan una riqueza incalculable de especies y servicios ecosistémicos que debemos proteger y restaurar”, dijo Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Chile.
Especificaciones
El tratado busca llenar los vacíos legales que dejó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en 1982 y vigente desde 1994, que estableció las zonas económicas exclusivas de los países hasta las 200 millas náuticas, pero dejó sin regulación las aguas internacionales, que representan dos tercios de los océanos.
Según la última evaluación de las especies marinas del mundo, realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), casi el 10% está en peligro de extinción, debido a la degradación de sus hábitats, la sobreexplotación pesquera, la introducción de especies invasoras, la acidificación y el calentamiento de las aguas.
El tratado establece mecanismos para la creación, gestión y monitoreo de las áreas marinas protegidas, así como para la realización de estudios de impacto ambiental, el intercambio de información científica y el acceso y reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos marinos.
Además, este contempla la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones, el respeto a sus conocimientos tradicionales y la protección de sus derechos.
El acuerdo ha sido respaldado por más de 190 países, pero aún enfrenta la oposición de algunas potencias, como Estados Unidos, Rusia y China, que temen perder sus intereses económicos y estratégicos en los océanos.
Sin embargo, los defensores del tratado confían en que la presión internacional y la conciencia ambiental logren convencer a los países rezagados de sumarse a este esfuerzo colectivo por salvaguardar el patrimonio común de la humanidad.
