Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga
Se acaba el 2023 y es bueno realizar un balance del año desde la perspectiva de la niñez y sobre todo, de cómo nuestro Estado respeta y promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un año que estuvo marcado por la demora en el nombramiento del Defensor (a) de la Niñez, proceso que nos tuvo 5 meses sin este cargo esencial. Tras dos intentos fallidos, hoy celebramos que el abogado Anuar Quesille sea el nuevo Defensor (2023-2028), un profesional con compromiso innegable con la niñez, capacidad técnica y con una agenda transversal.
En julio de este año, hemos visto una crisis aguda en todo el sistema residencial que acoge a niñas y niños que deben ser retirados de sus hogares. Esta situación se extendió y tuvo su símbolo en el cierre del Pequeño Cottolengo, institución emblema que decidió finalizar su trabajo de 50 años por los sobrecupos y la derivación de niños con niveles de complejidad que estas instituciones no podían atender. Más allá de las complejidades institucionales, no podemos dejar de pensar en la complicada situación de niños y niñas que no cuentan con una oferta de cuidado alternativo adecuada a sus necesidades.
También en el ámbito de los cuidados alternativos, pero en el lado de las buenas noticias, vemos un avance en el fortalecimiento y profundización del modelo de acogimiento familiar, con énfasis en los niños y niñas menores de 4 años que han sido separados de sus cuidadores. Si bien todavía hay más de 500 viviendo en residencias y hogares, hoy el 58% de este grupo vive en el seno de una familia temporal. Esto es un gran avance, y debemos seguir trabajando hasta asegurar que todo niño pueda crecer y desarrollarse en un contexto familiar.
De vuelta a las noticias preocupantes: en el sistema educacional son patentes los efectos de la pandemia, con una aguda crisis de pérdida de aprendizajes para la que no se observa una respuesta todo lo robusta que la situación amerita. Y en la misma línea, el escándalo de los 30 mil niñas, niños y adolescentes de Atacama afectados por paralizaciones que duraron cerca de 80 días. Como organización de la sociedad civil, nos impacta la indolencia frente a la magnitud del daño que se causa a una generación completa y hacemos un llamado urgente a los actores del sistema educacional a dejar de lado sus diferencias políticas e ideológicas y a poner a los estudiantes en el centro de sus decisiones.
En este año, una señal de esperanza la dan los avances en la implementación de la Ley de Garantías. Una buena noticia es la puesta en marcha de las Oficinas Locales de Niñez en más de 90 comunas y el anuncio presidencial de adelantar su llegada a cada municipio del país. Esta noticia, junto a la creación de Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes en cada comuna para rescatar y realzar la mirada y participación de la niñez, nos permiten soñar con una transformación de la relación del Estado con sus niños.
En las preocupaciones emergentes, la señal de alerta que pone la muerte del niño baleado el mes pasado en Padre Hurtado, no debe salir de nuestras preocupaciones y ocupaciones y la pobreza creciente que afecta a niños y niñas migrantes que han entrado a nuestro país buscando una vida mejor, pero que están siendo acosados por la vulnerabilidad y la indiferencia de una sociedad que se resiste a entender que cualquier niño o niña en Chile merece el respeto protección por el solo hecho de estar en una sociedad que ha decidido que los derechos de la niñez son un estándar que bajo ninguna circunstancia podemos transar.
En un año complejo, el mundo de la niñez ha estado movido. Esperamos que el próximo año tengamos más noticias buenas que contar.
