André Laroze, PhD en Recursos Forestales, CEO de PEFC Chile
Cuando un grupo de interés asume el control sobre las políticas públicas en su tema, suele ocurrir que se siente mandatado a instalar su particular agenda en todo ámbito donde tiene injerencia, sin entender que una agenda acotada no es lo que realmente le sirve al país en su conjunto. Hay varios ejemplos de esta situación en la política nacional, donde grupos identitarios se han encapsulado en su sesgo ideológico, pretendiendo imponer voluntariosamente su visión, sin medir las consecuencias negativas de actuar sin comprender la realidad efectiva.
El problema es que tal actitud puede ir en contra del desarrollo sostenible del país, al punto de ser irresponsable con respecto al incumplimiento de las verdaderas demandas sociales. A continuación, se presenta como esta situación ocurre con la actual política de fomento forestal.
En 2015, el Consejo de Política Forestal, una instancia oficial de interacción del Ministerio de Agricultura con diversas organizaciones de la sociedad civil, elaboró el documento “Política Forestal 2015 – 2035”, donde se define una ruta común para el desarrollo ambiental, social y económico del sector forestal. Entre otros aspectos, se acordó que era prioritario establecer 500 mil hectáreas adicionales de bosques plantados al 2035, de propiedad de la pyme forestal, para así elevar el nivel sostenible de materia prima necesaria para satisfacer la demanda creciente por productos forestales (a lo que habría que agregar la recuperación de la superficie perdida en los grandes incendios de 2017 y 2022).
Por su parte, el proyecto “Opciones de Mitigación para Enfrentar el Cambio Climático” (MAPS Chile, 2014), tuvo su base fundamental en la interacción entre el desarrollo de investigación especializada y un proceso participativo conformado por personas e instituciones de diversos sectores y con experiencia en cambio climático. Esta combinación de elementos permitió identificar de manera asertiva planes de acción y escenarios de mitigación del cambio climático en Chile. Para mayor información puede visitarse el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente.
Los resultados del proyecto MAPS-Chile han dado el soporte técnico a los compromisos de mitigación de las emisiones de GEI que Chile ha presentado ante las Naciones Unidas. En particular, sobre la base de evaluar el posible nivel de contribución y el costo asociado a múltiples medidas de mitigación, se determinó que la forestación tiene un alto impacto potencial con la gran ventaja ser de bajo costo fiscal por tonelada de CO2 capturada; por ello, Chile se comprometió a forestar 100.000 hectáreas al 2030, en el contexto del Acuerdo de Paris de 2015.
La plantación de árboles de cualquier especie, en terrenos de aptitud preferentemente forestal que no tienen cobertura boscosa (por ejemplo, cerros deforestados), es un cambio de uso que aporta al desarrollo sostenible, en comparación con su línea de base, pues eleva el valor socioeconómico derivado de su uso productivo para la industria maderera, junto con proteger mejor el suelo contra la erosión, disminuir la presión de cosecha sobre el bosque nativo y extraer CO2 de la atmósfera.
La elección de la especie a plantar es el resultado de un análisis racional por parte de cada propietario, quien para maximizar su renta se integra a las cadenas de suministro de los múltiples productos forestales que la sociedad requiere para su vida cotidiana. Así, las 2,3 millones de hectáreas de bosques plantados de pino y eucaliptos son la consecuencia lógica de una oportunidad que los propietarios aprovecharon para sus suelos no-agrícolas, creando como resultado colectivo un recurso natural renovable cuyo uso sostenible está empíricamente comprobado: ha tenido continuidad en el tiempo por varias rotaciones.
Por contraste, la agenda de fomento forestal que actualmente aplica CONAF excluye la bonificación del establecimiento de plantaciones con fines productivos, incluso de especies nativas; una medida arbitraria que va contra el principio de inclusión en las políticas públicas. Esta exclusión permite, por contrapartida, focalizar el gasto de los recursos disponibles en una agenda limitada, propia de un grupo de interés, como es la restauración de bosques nativos degradados de pequeños propietarios forestales, preferentemente de mujeres.
La consecuencia de este uso discrecional de recursos fiscales son los resultados del Sistema de Distribución de Beneficios, el programa insigne de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales: 850 hectáreas de forestación y 1.591 hectáreas de restauración adjudicadas en 2022 (cifras presentadas al Consejo de la Sociedad Civil de CONAF el 24 de octubre pasado); es decir, un nivel de ejecución muy inferior al mínimo necesario para hablar del cumplimiento responsable de los compromisos internacionales e intergeneracionales de mitigación del cambio climático.
En relación con el aporte de una iniciativa de fomento forestal al desarrollo socioeconómico sostenible, éste se mide en términos de su valor esperado contra su ejecución. Por ejemplo, si no se aplica un determinado manejo forestal porque no es atractivo para los propietarios, por muy positivo que este manejo pudiese hipotéticamente parecer, tal iniciativa tiene efectividad negativa ya que conlleva costos administrativos, que generalmente son cada vez mayores para revertir sus magros resultados, pero que genera beneficios mínimos para la sociedad en su conjunto. Al respecto, sería apropiado que CONAF publicara el costo de sus programas evaluado en términos del valor de un árbol establecido que se mantenga vivo en 2023.
Considerando que estamos en una situación en que decisiones tomadas con sesgo ideológico son contrarias al interés de la sociedad, correspondería que los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente rectifiquen su agenda y la reorienten a las necesidades y compromisos del país.
