Christian de Amesti, Fiscal Corporativo de Adexus
Cada día, la sociedad es más exigente respecto al compromiso que deben tener las organizaciones para combatir la corrupción y otros ilícitos como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y en general, contra figuras delictivas que afectan la integridad empresarial y la confianza pública.
Chile ha sido pionero en materia de Compliance en la región. En diciembre de 2003 surgió la ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), punto de partida en nuestro país para perseguir el delito de lavado de activos en operaciones comerciales. Con el surgimiento de la UAF se inicia la Prevención de delitos, impidiendo la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para legitimar ganancias ilícitas.
Sin embargo, el año 2009 partió la “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, a través de la ley 20.393, la cual ha tenido a la fecha varias modificaciones, pues en sus orígenes sólo contempló 3 delitos que irrogan responsabilidad penal corporativa y hoy ya contamos con un catálogo con más de 200 delitos, incorporándose recientemente los delitos económicos y de carácter ambiental. Dentro de las referidas reformas resulta especialmente destacable la realizada el año 2018 a través de la Ley 21.121, que tipificó como delitos ciertas prácticas que antes simplemente eran moralmente reprochables, pero con la publicación de dicha norma legal pasaron a ser conductas criminalmente sancionables, como la Negociación incompatible (conflicto de interés) y la Corrupción entre privados.
En este sentido, resulta fundamental incorporar un rol activo del Gobierno Corporativo en las organizaciones, tanto para empresas del Estado como en instituciones privadas, que tienda a asegurar principios y valores corporativos que sancionen drásticamente toda forma de figuras delictivas, combatiendo la corrupción. Así, con la incorporación de un Modelo de Prevención de Delitos inserto en un sistema de mitigación efectivo, redunda en procesos más seguros, más confianza de los colaboradores, mejores negocios y eximir de responsabilidad penal a una empresa ante un eventual comportamiento ilícito de un ejecutivo.
También, la Inteligencia Artificial (IA) ha ido ganando terreno en las empresas, incluyendo el ámbito del cumplimiento normativo. Procesos masivos como la debida diligencia previa a la contratación de terceros y la revisión de procesos y operaciones para mitigar riesgos pueden automatizarse eficazmente con la ayuda de la IA, lo que optimiza recursos y reduce costos operativos.
A pesar de los avances en IA, esta tecnología plantea desafíos éticos en el Compliance. La ley 21.459, que modificó la ley 20.393 en junio de 2022, incorporó ocho delitos informáticos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que afecta a empresas del ámbito tecnológico y a aquellas que utilizan tecnologías de IA. Para estas empresas es necesario implementar un sólido sistema de cumplimiento que evite estas nuevas figuras delictivas, así como para regular el tratamiento adecuado de datos personales, en consonancia con las regulaciones nacionales e internacionales como el GDPR de la Comunidad Europea.
En efecto, el cumplimiento normativo en la incorporación de la Inteligencia Artificial es esencial para mantener la ética empresarial y la integridad en un mundo empresarial en constante evolución. El desafío es aprovechar las ventajas de la IA sin comprometer la ética y la debida privacidad de datos, y garantizar que la legislación y las políticas internas se adapten a esta nueva era empresarial, cumpliendo con las expectativas de una sociedad cada vez más exigente.
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