Monserrat Moya Arrué, Estudio 150 | José Tomás Valenzuela Prado, Estudio 150 y Antonio Lara Aguilar
Los últimos meses la opinión pública ha estado tristemente centrada en las decenas de aristas del caso Convenios, quitando el foco de algo tan relevante como el proceso constitucional. Faltas a la probidad y financiamiento irregular desde el Estado, (mal) utilizando como vehículo a organizaciones sin fines de lucro (OSFL), actuaciones éticamente incorrectas, repudiables y que deben ser sancionadas de manera rigurosa según la legislación y procedimientos vigentes.
Esto ha manchado injustamente a todo el tercer sector (OSFL que realizan proyectos sociales, culturales y ambientales), ya que, además del actuar torcido e irresponsable de directores y ejecutivos de algunas OSFL, las faltas han estado más bien en los controles, procedimientos y decisiones en la entrega de los recursos públicos sin mirar al interés general.
En efecto, la reputación de fundaciones y ONG en general bajó del 46 a un 25% según el Estudio de Reputación Corporativa realizado por Ipsos e INC Consultores, aunque no ha afectado mayormente la opinión sobre organizaciones más consolidadas como Teletón, WWF, TECHO, Hogar de Cristo, etc.[1]
No obstante, la cultura filantrópica en Chile está lejos de ser ideal. Si bien se estima que entre el 55-60% de la población aporta a diferentes causas[2], el 19% aporta más de $10.000 al mes y sólo un 17% como un aporte regular a organizaciones sociales[3].
Por su parte, tampoco ayudan casos de corrupción como el de la ex Embajadora en Reino Unido y de fraudes al fisco de varias corporaciones municipales, los que empañan el buen nombre de las OSFL. De hecho, desde 2009 el Consejo de Defensa del Estado ha presentado 203 querellas por delitos de corrupción que involucran a municipalidades, corporaciones municipales, funcionarios y autoridades comunales[4].
Ahora bien, el problema no son las fundaciones, los convenios ni el Estado, sino la corrupción que se da en todo nivel de la sociedad y de la que nunca estaremos libres, tanto en el sector público como el privado, de todos los colores políticos y estratos sociales, por lo que debemos dejar de personalizar la corrupción.
Sin embargo, sí se pueden disminuir estos casos y sus efectos con las debidas herramientas y procesos. Y es ahí donde está la oportunidad de ver el vaso medio lleno y poner el foco en fortalecer ese marco de acción con acciones como las propuestas que entregó recientemente la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado (en adelante la Comisión de Probidad) en su informe al Presidente Boric. La Comisión de Probidad, compuesta por destacados expertos en transparencia, gobierno corporativo y OSFL, elaboró 46 propuestas[5] que se espera puedan traducirse prontamente en políticas públicas que mejoren las buenas prácticas de las OSFL y de la entrega de recursos desde el Estado.
Algunas de estas medidas son: a) ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) de Contraloría, como portal único de rendición de las transferencias del Estado; b) crear un Registro de Personas Jurídicas de acuerdo con estándares y buenas prácticas del FMI y la OCDE; c) instaurar la obligación de publicar cierta información en los sitios web de las instituciones privadas sin fines de lucro; d) integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales; e) obligación de alcaldes y alcaldesas de informar y rendir cuentas al concejo comunal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación; f) reducir a 7.000 UTM el monto desde el cual el gobernador regional requiere la aprobación del consejo regional (CORE) para proyectos e iniciativas de inversión regional.
Necesitamos recomponer las confianzas para consolidar y desarrollar una cultura filantrópica en Chile, de organizaciones sin fines de lucro, empresas e individuos con compromisos, metas, programas y acciones concretas que muestren logros en el ámbito social y ambiental, fomenten la colaboración público-privada, promuevan la inversión privada y faciliten la debida fiscalización pública. Recomponer las confianzas no es solo tarea de las autoridades, sino que de la ciudadanía y cada uno/a de nosotros.
Así, con la invitación a ser propositivos ante la coyuntura, vemos la oportunidad para mejorar la regulación aplicable y elevar los estándares de transparencia, gestión y cumplimiento de las OSFL. A su vez, acentuamos la urgencia en la modernización del Estado, lo que incluye cambiar el foco hacia el tercer sector. Y en esto son múltiples las propuestas. Para partir, que el Estado promueva y fomente la medición del impacto social y ambiental, desde evaluar cada uno sus programas, que la entrega de fondos públicos lo requiera junto con las rendiciones, que sean parte de indicadores para bonos de funcionarios, reservar presupuesto de licitaciones para ello, crear fondos para evaluar impacto, promover los bonos de impacto social (BIS), entre otras.
[1] Estudio de Reputación Corporativa (ERC®) 2023, Ipsos e INC Consultores. Fundaciones sufren fuerte caída en imagen tras escándalo convenios – La Tercera
[2] 13ª Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad, Fundación Trascender y Criteria (2021) Encuesta Voluntariado y Solidaridad 2021_diseñada vF (encuestanacionalvoluntariado.cl)
[3] Primer Barómetro de Filantropía en Chile. CEFIS, Aninat y Vallespín (2019)
[4] https://www.ciperchile.cl/2023/08/11/corrupcion-municipal-cde-ha-presentado-querellas-en-el-40-de-las-comunas-del-pais-y-32-alcaldes-han-sido-imputados/. De hecho, en 2021 el Consejo de Defensa del levantó la alerta de que más de la mitad de los municipios del país estaba siendo investigado por algún tipo de acto de corrupción en los tribunales del país. Ese año se contaban 1.119 causas distribuidas en 260 de las 345 municipalidades, muchas de ellas por fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. En 2010 se tenían 166 causas; en 2015 se habían triplicado; y en 2020 éstas llegaron a 689 procesos. Es decir, no eran casos aislados. Ver: https://acortar.link/cQostz
[5] Informe, Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, Gobierno de Chile (2023)
