De acuerdo con un estudio realizado por País Digital con el apoyo de Achiplam, los aspectos claves son la gobernanza, enfoque regulatorio, infraestructura, seguridad, datos personales, colaboración público-privada y un sistema centrado en el usuario.
Con el objetivo de analizar el futuro de la movilidad en Chile, País Digital, con el apoyo de la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam), presentaron un estudio mediante el cual identificaron siete puntos clave para promover el desarrollo de un ecosistema de movilidad del siglo XXI en el país.
La Universidad de California y Oliver Wyman Forum reportaron en 2022 los desafíos que enfrentan 60 ciudades a nivel mundial en el ámbito de la movilidad, entre ellas, Santiago de Chile. La capital ocupa el lugar 39 en el ranking general de preparación para la movilidad urbana; 42 en movilidad sostenible; y 36 en transporte público, con una puntuación que supera a otras 7 capitales de América Latina, pero por debajo del puntaje global promedio y de países desarrollados.
Bajo ese contexto, el estudio presentado por FPD con el apoyo de Achiplam da cuenta de que una movilidad del siglo XXI en Chile requiere, en primer lugar, una gobernanza (1) capaz de integrar tecnologías emergentes y enfoques sostenibles en un contexto social, económico, ambiental y tecnológico que va evolucionando rápidamente.
La presidenta de Achiplam, Kim Maturana, sostuvo que la movilidad en la actualidad requiere una gobernanza que pueda incorporar tecnologías emergentes y prácticas sostenibles en un contexto social, económico, ambiental y tecnológico.
“Es fundamental contar con antecedentes como los que observamos en este estudio para poder lograr un entendimiento y coordinación por parte de la industria. Es necesario trabajar articuladamente entre el mundo público y privado para evitar que la sobreregulación estanque el avance de políticas públicas pioneras en Chile y el mundo. Esperamos que en el futuro podamos desarrollar una estrategia aplicable y establecer mecanismos de coordinación y toma de decisiones, y definir roles y responsabilidades claras para cada actor involucrado”, agregó Maturana.
El segundo punto tiene que ver con la adopción de un enfoque regulatorio (2) flexible y ligero que facilite el desarrollo de la movilidad con objetivos establecidos por la política pública, y por otro lado, un enfoque regulatorio predecible con períodos de evaluación y revisión incorporados, y un marco regulatorio claro y confiable para que los operadores y los proveedores de servicios de movilidad puedan invertir en este mercado.
A su vez, las ciudades deben fortalecer su infraestructura y espacio público (3), expandiendo su conectividad para respaldar el desarrollo de la movilidad futura, e integrándose con la infraestructura existente. “Es necesario considerar elementos relacionados a los nuevos modelos de desplazamiento como la micromovilidad, tanto de ciclistas, peatones, scooters eléctricos, etc. y sus requerimientos tales como estaciones de carga o comunicación para vehículos autónomos”, recalca el Director del Centro de Estudios Digitales de FPD, Ricardo León.
Otro ítem es la seguridad (4), abarcando desde lo vial y laboral,como para los consumidores y la interacción de diferentes modos de transporte. A este punto, se le añade la capa virtual, colocando a la ciberseguridad como otro elemento esencial y transversal a todo el ecosistema, ya que a través de las plataformas digitales se puede acceder a los datos personales de los usuarios a través de sus dispositivos.
“El acelerado desarrollo tecnológico y su aplicación al campo de la movilidad ha generado una enorme cantidad de datos personales (5). Es esencial garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de la información de los usuarios para aumentar la confianza en el sistema, bajo un marco transparente y justo de información”, acota Maturana.
Para ello, la colaboración público-privada (6) es crucial. El estudio sugiere que el Estado y los gestores locales se deben involucrar con el sector privado, potenciando y asegurando diversas inversiones para desarrollar el ecosistema a través de la promoción, competencia y mayor penetración de la economía colaborativa en movilidad.
Por último, se debe considerar una solución de movilidad integrada y coherente que sea fácil de usar y se adapte a las necesidades de las personas, es decir, centrada en el usuario (7). Para ello, además, es necesario garantizar que los servicios de movilidad sean accesibles e inclusivos para toda la población, incluyendo a aquellas con discapacidades, la tercera edad y personas de bajos ingresos.
“Las ciudades líderes en la revolución de la movilidad probablemente ampliarán sus modos de transporte público, su disponibilidad y sus conexiones; ofrecerán carreteras seguras, servicios fiables y oportunidades de empleo; habilitarán tecnologías emergentes, como los vehículos eléctricos y autónomos; harán hincapié en la digitalización y la sostenibilidad; reforzarán su preparación frente a los riesgos; y alinearán las políticas, normativas y presupuestos municipales en consecuencia. Hacia allá debemos apuntar”, cierra León.
