Joaquín Manterola, CEO y cofundador de Finterra
Tras unas semana marcada localmente por el tema de una nueva ecuación productiva para la industria del litio, iniciamos mayo opacado en Chile por la sombra de un mes de marzo que arrojó un IMACEC con caída económica de 2.1%, ante el desplome de la actividad minera y el comercio.
A pesar de los esfuerzos del norte para prolongar desde la Reserva Federal las subidas en las tasas de interés, la inflación se mantiene muy por encima de lo soportable. Es innegable: el resto del mundo navega con dificulated en medio de turbulencias económicas, sociales, políticas y tal vez incluso hacia una reconfiguración geopolítica del centro de poder. Como sea, transitamos en aguas abiertas, y de algún modo en esta travesía se nos convoca a lanzarnos a lo nuevo, cambiando los modos añejos, para adaptarnos, innovar y crear algo distinto y mejor.
Contrariamente al contexto de un mundo polarizado, en la línea temporal que señala el Edelman Trust Barometer, se demuestra que en estos últimos 23 años se ha venido reestableciendo la apreciación de las empresas como actores efectivos, vitales para el desarrollo y cada vez más confiables. Un correlato de esta medición internacional es lo que refleja la encuesta Cadem, donde se reconoce una mayor capacidad de las empresas para ser eficientes y productivas (48%), tratar mejor a sus trabajadores, pagando mejores sueldos (46%), innovar en productos y servicios (46%), ser más rentables (44%) y con capacidad para aportar más recursos al Estado a través de impuestos o rentabilidades (38%). En cambio, a las empresas estatales se les reconoce mayor preocupación por el medioambiente (38%).
Fuente: Informe Edelman Trust Barometer 2023
Pero a esta valoración pública respecto de las empresas estatales en relación a su preocupación ambiental, faltó algo importante por medir o agregar y se refiere a la real capacidad, compromiso y cumplimiento del Estado para pagar en tiempo y forma, especialmente cuando desde la cadena de suministro cuelga un témpano donde se enlazan miles de pymes que en los tiempos que corren, difícilmente pueden resistir ventanas de varias semanas y meses, volviendo insostenible la prestación de servicios y/o venta de productos, y afectando seriamente la continuidad de sus propios negocios. Sólo el 2018 el 86 por ciento de los reclamos se concentraron en Salud y Municipalidades, representando montos que superan los US$30MM.
Es efectivo que se han llevado a cabo esfuerzos conjuntos entre la Tesorería General de la República, la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y ChileCompra, en el propósito de aumentar la productividad del aparato estatal y reducir así los tiempos de pago por parte del Fisco, a efecto de proteger la participación de los proveedores PYME. Sin embargo, estos alentadores propósitos de buena política pública se vieron postergados el 10 de marzo de este año, cuando la Dirección de Presupuestos DIPRES ordenó suspender por un plazo de 180 días -contados desde tal fecha- el procedimiento de gestión electrónica centralizada de órdenes de pago a proveedores del Estado a través de la Plataforma de Pago Automatizado (PPA) del Servicio de Tesorerías, en razón de problemas operativos y la activación de una auditoría informática para resguardar el buen uso de los recursos públicos.
Más allá de los razonables esfuerzos que cada empresa realice en términos de mejorar sus estrategias de postulación, resguardo y sistemática capacitación de cara los cambios regulatorios, operacionales y administrativos como parte de su interacción con el Estado, es crítico avanzar en el pago oportuno y justo a proveedores si queremos contribuir a recuperar nuestra debilitada economía. ¿Cuánto más extenso puede ser un hackeo ético para verificar y ajustar las ineficiencias de procesos y sistemas? (duplicación de pagos) ¿Cuál es entonces la Ética pública para compensar a las empresas que no llegan a fin de mes obstaculizando que estas puedan cumplir sus compromisos?
En tiempos de turbulencias e incertidumbre, el Estado está llamado a predicar con el ejemplo para desmitificar sus fantasmas y erradicar aquellas legítimas desconfianzas empresarias. El quehacer productivo de todos los sectores sólo persigue preservar su actividad para seguir generando trabajo y desarrollo, operando en condiciones justas y retributivas. Las palabras claves aquí parecen ser compromiso, coherencia y oportunidad, haciendo uso el Estado de los recursos tecnológicos actualmente disponibles para transformar estas penumbras e incertezas en una pronta y efectiva solución, acorde al s. XXI y a los propios compromisos suscritos por el Gobierno de Chile en materia de comportamiento exigible y esperado.
