Por Carla Avila Ramírez, directora Voz Chile
Uno de los argumentos esgrimidos para aprobar el Acuerdo de Escazú el 31 de mayo del año pasado, es que sus elementos centrales ya estaban contenidos en el derecho chileno. El acceso a la información y la justicia ambiental, así como la participación, son parte de nuestro sistema normativo gracias a la Ley de Bases del Medio Ambiente, su reforma del 2009 y una robusta ley de acceso a la información pública.
Pero, ¿por qué la mayor parte de los estudios sobre los procesos de participación ciudadana, desarrollados principalmente por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dan cuenta de una profunda decepción, frustración y su consiguiente deslegitimación por parte de las comunidades?
Una de las primeras respuestas se puede encontrar en la estructura asimétrica de la información entre los proponentes y las comunidades, lo que impide la generación de un verdadero diálogo. Lo anterior se ve reforzado por la expresión de malestares y necesidades por parte de los miembros de los territorios que exceden con creces los proyectos en evaluación. Las reuniones presenciales o virtuales (en tiempo de pandemia) no recopilan los cuestionamientos o argumentos de los vecinos y vecinas. Las observaciones solo pueden ser presentadas de manera escrita y, muchas veces, son desestimadas por no contar con un respaldo técnico o no estar vinculadas directamente al proyecto.
En este escenario, un atisbo de solución la podríamos encontrar en los mismos procesos fallidos o exitosos de participación ciudadana, pero lamentablemente el Estado no se ha dotado de los instrumentos para recopilar y procesar la información que se ha ido generado. Es sabido que una cantidad importante de las observaciones tienen que ver con problemas estructurales y, por ende, se vinculan a la política distributiva, lo que es responsabilidad del Estado de Chile y no de los privados.
La correcta implementación de Escazú pasa por entender que este proceso no es exclusiva responsabilidad del SEIA o del Ministerio del Medio Ambiente. Las políticas públicas en salud, seguridad, empleo, educación, emprendimiento e innovación, entre otras, involucran no a muchos, sino todos los organismos del Estado. Por lo tanto, y para no replicar la paradoja actual de la participación ciudadana, se debe enmendar el rumbo aprendiendo que no se trata solo de oír las inquietudes de las comunidades, sino también es menester construir condiciones de diálogo, apoyar el empoderamiento, administrar la data y generar modelos de gobernanza que no dependan únicamente de los proyectos de inversión.
