Desde 2021, Florencia Attademo-Hirt es representante del Grupo BID en Chile y Gerente General para los países del Cono Sur. Su labor abarca proyectos de los sectores público y privado, asuntos institucionales y corporativos. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, y una maestría en Derecho de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos.
¿Cómo abordan los criterios ESG/ASG en el Grupo BID?
El Grupo BID cuenta con un marco de política ambiental y social (ESG), que fue recientemente actualizado. Su principio fundamental es evitar, minimizar o compensar los impactos negativos que los proyectos del Grupo BID pueden tener sobre el medio ambiente o los ciudadanos, particularmente en las poblaciones más vulnerables por factores como edad, género, etnicidad o nivel socioeconómico.
Las operaciones del Grupo BID en Chile representan buenos ejemplos de esto: estamos apoyando la transición energética, la movilidad sostenible, la restauración de los ecosistemas, y la planificación hídrica frente a la crisis climática, entre otros.
¿Cuáles creen que son los desafíos relacionados a los criterios ESG?
El desafío que esto impone es implementar los criterios ESG de manera efectiva y eficiente en todas nuestras operaciones, y al mismo tiempo aplicarlos de modo flexible para atender las necesidades de las personas y mejorar su bienestar.
Una forma de gerenciar estos proyectos, según nuestra experiencia ha demostrado, es involucrar a las partes interesadas en los procesos de decisión de modo temprano y significativo. Esto es esencial para lograr los objetivos que los criterios ESG persiguen.
Esta idea de involucramiento ciudadano también está al centro del concepto de transición ecológica justa, que encontramos con frecuencia en Chile, y que enfatiza la necesidad de trabajar en conjunto desde un comienzo con los habitantes de los territorios y demás partes interesadas.
Además, es fundamental usar los procesos ESG existentes para contribuir positivamente a la lucha contra el cambio climático y a la preservación de la biodiversidad
¿Cuáles creen que son las principales barreras?
Una barrera clave es la percepción de que los criterios ESG son requisitos con los cuales las instituciones y empresas tienen que cumplir para satisfacer fuentes externas y ser aprobados. Esto no es correcto. Tomar en cuenta las consideraciones ambientales y sociales desde la concepción de los proyectos, no sólo reduce externalidades o impactos negativos, sino que es la mejor manera de asegurar la calidad, el rendimiento y la efectividad en el desarrollo de los proyectos.
La experiencia muestra que diseñar iniciativas involucrando a las contrapartes desde el inicio reduce sustancialmente el riesgo de que, por ejemplo, los proyectos de infraestructura se retrasen o cancelen. Además, estar atentos a los temas ESG es de interés directo de los directores de toda instituciones o empresa, dado que las agencias calificadoras de riesgo crediticio incorporan cada vez más criterios ESG en sus evaluaciones.
Otra barrera, aún más profunda, es que los profesionales que diseñan proyectos no siempre saben qué tipo de proyectos pueden contribuir positivamente a los objetivos ambientales y sociales, o se encuentran con casos en que la regulación no se ha actualizado con estos criterios.
¿Qué avances puedes destacar?
Un avance es la Ley Marco del Cambio Climático de Chile. Esta obliga a cada ministerio a hacer escenarios y planes de acción para entender qué proyectos en su sector ayudarían a avanzar hacia una economía con cero emisiones netas, y resiliente ante los impactos del cambio climático. La ley también obliga a cada ministerio a identificar qué barreras regulatorias impiden que el sector privado invierta, y las eliminen. Estos planes pueden ser una base para identificar transformaciones sectoriales, como el mayor uso de energía renovable o el incremento de la electromovilidad en el transporte público, en los que los inversionistas pueden invertir para avanzar la acción climática, y también le señalen al gobierno qué reformas se deben implementar para fomentar la inversión privada.
