Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda es Doctora en Economía de la Universidad de Boston e Ingeniera Comercial de la Universidad de Chile, María Paz Gutiérrez, asesora Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda es Bióloga Marina y Magister de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con dos diplomados en temas ligados al derecho de recursos naturales cursados en la misma casa de estudios y Daniela Buchuk, asesora Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda es Ingeniera Comercial y Magíster en Economía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es actualmente asesora económica en materias de Cambio Climático y Biodiversidad de Unidad de Asuntos Internacionales.
¿Cuáles creen que son los desafíos relacionados a los criterios ESG/ASG?
Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda y María Paz Gutiérrez y Daniela Buchuk asesora Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda señalan que “Al hablar de criterios ESG nos referimos a los factores ambientales, sociales y de gobernanza que pueden afectar el rendimiento financiero, la sostenibilidad y el impacto en la sociedad que tiene una empresa, organización y/o institución”.
Las tres mujeres líderes ESG del Ministerio de Hacienda nos comentan algunos de los principales desafíos relacionados con los criterios ESG que han visualizado en el último tiempo.
Falta de estandarización y comparabilidad, acompañado de una evaluación subjetiva de los criterios ESG.
Existe una falta de estandarización en la forma en que se miden y reportan los datos ESG, lo que dificulta la comparación entre entidades y la evaluación de su desempeño en términos ESG. Esto se potencia al considerar que la evaluación de los criterios ESG es subjetiva, pudiendo ser interpretados de manera diferente por diferentes inversores y analistas, lo que puede llevar a una evaluación inconsistente del desempeño ESG incluso dentro de una misma empresa.
Estos puntos plantean importantes desafíos para poder alcanzar las metas medioambientales comprometidas a nivel país (NDC para el Acuerdo de Paris). Sin información creíble y estandarizada, se complejiza el diseño de política pública. Asimismo, los recursos financieros privados y públicos no fluyen de forma eficiente hacia actividades medioambientalmente sostenibles. En este sentido, el desarrollo de taxonomías que buscan clasificar las actividades económicas según su sostenibilidad, contribución e impacto ambiental, entregando un marco claro, accesible y basado en ciencia respecto de lo que se considera medioambientalmente sostenible en el país o jurisdicción, son un desafío concreto sobre el cual diversas naciones se encuentran trabajando, incluido Chile desde nuestro Ministerio de Hacienda.
Falta de datos y transparencia:
Algunas entidades no proporcionan suficiente información sobre sus prácticas ESG, lo que dificulta la evaluación de su desempeño en estas áreas. Como respuesta a esto, existen diversos esfuerzos a nivel internacional para estandarizar el tipo de información que las empresas, financieras y no financieras, debieran divulgar con el fin de poder identificarlas, por ejemplo, como empresas que emiten poco, o en el neto no emiten, es decir, capturan GEI (Gases de Efecto Invernadero).
A nivel local la Norma de Carácter General 461 en 2022 introdujo un cambio importante con relación al contenido de la memoria anual de las empresas emisoras. La modificación establece que, a partir de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2022, las empresas deberán incluir en la memoria anual información sobre su estrategia de sustentabilidad y los riesgos relacionados con los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La norma ‘conversa’ con aquellos esfuerzos internacionales que buscan estandarizar la divulgación de información, siguiendo los estándares y recomendaciones desarrolladas a nivel internacional.
Desde el punto de vista del sector público, el promover mayor transparencia en el ámbito ESG permite ampliar la base de inversionistas a las cuales puede acceder el Fisco para conseguir recursos financieros.
En el caso de Chile, los inversionistas locales y extranjeros han mostrado confianza demandando bonos soberanos temáticos: verdes (E), sociales (S) y sostenibles (mezcla de verde y social). Los indicadores que permiten al inversionista verificar cuán E o S son los bonos, son cuidadosamente elaborados bajo estrictos marcos para su emisión.
Recientemente, se avanzó hacia otro tipo de bonos ya no asociados a proyectos públicos verdes propiamente tal, sino a los antes mencionados compromisos país (NDC). En este caso, se trata de bonos vinculados a sostenibilidad (SLB), estructurados de una forma tal que el Fisco asume la posibilidad de un eventual costo financiero si en un plazo futuro predeterminado no cumple con algún compromiso particular, establecido al momento de la emisión.
Otra iniciativa a destacar en este contexto es la reciente incorporación de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, como miembro del Climate Data Steering Committe (CDSC), reconociendo la relevancia de mejorar el acceso público a datos para la acción climática. Esta es una iniciativa de alto nivel conformada por líderes de organizaciones como el FMI, y fundada por el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Enviado Especial de Naciones Unidas para la Ambición y Solución Climática, [UN Special Envoy for Climate Ambition and Solutions Michael R. Bloomber] en junio 2022. El Comité elabora recomendaciones para crear una plataforma pública de datos NETZERO, lo cual va a presentar un gran avance para abordar este desafío correspondiente a la falta de datos y transparencia.
Complejidad de la integración ESG en la toma de decisiones de inversión:
La integración de los criterios ESG en la toma de decisiones de inversión puede ser compleja debido a diversas razones como la falta de estandarización y comparabilidad; la falta de datos y transparencia en algunas empresas; la falta de enfoque a largo plazo por parte de inversores que se centran en el rendimiento financiero a corto plazo; y el dinamismo de los riesgos y oportunidades ESG, los cuales pueden cambiar con el tiempo, siendo difíciles de predecir y dificultando la evaluación y la gestión de estos factores.
En este esfuerzo global es imprescindible la participación del sector privado, por lo que resulta relevante evidenciar la necesidad de abordar este problema de forma coordinada. En Chile, el Ministerio de Hacienda coordina varias instancias, público-público y público-privada. En este último caso, la Mesa Público Privada de Finanzas Verdes busca promover la integración de las finanzas sostenibles en el sector financiero al proveer un espacio de creación de conciencia y capacidades, para que éste juegue un rol clave en la transición a una economía sostenible, materializándolos en acuerdos transversales. Bajo el trabajo de La Mesa se gestó el Acuerdo Verde entre todos los actores del mercado financiero, junto con los reguladores y supervisores de este mercado. Justamente los compromisos de dicho Acuerdo apuntan a sentar bases sobre las cuales potenciar el desarrollo de las finanzas verdes. A iniciativa del sector financiero, y ante la mencionada necesidad de contar con información de forma transparente y creíble, se han gestado iniciativas como la Hoja de Ruta para una Taxonomía Chilena, avanzar en estándares de divulgación de información de riesgos, pero también medidas vinculadas con acción climática y, más recientemente, relativa a naturaleza.
Cabe destacar que el mundo está avanzando no solo frente al desafío que representa el Cambio Climático, sino también el riesgo que significa la pérdida de naturaleza y la degradación de la biodiversidad, lo cual tiene un impacto directo en responsabilidad que tienen las economías con las sociedades que dependen primariamente de los recursos naturales. El Ministerio de Hacienda es parte y también coordina la secretaría técnica del recientemente creado Comité de Capital Natural, que tiene como misión medir y valorar nuestro capital natural para integrarlo al proceso de diseño e implementación de políticas y decisiones para un desarrollo sostenible de nuestro país.
Como respuesta a tales brechas surge la necesidad de desarrollar, la antes mencionada taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenible a nivel nacional, trabajo que es liderado por el Ministerio de Hacienda, contando con una serie de hitos a la fecha como la Hoja de Ruta para una Taxonomía Chilena, la conformación de un Comité Preparatorio para el desarrollo de esta herramienta y un Informe de Recomendaciones entregado al Ministro de Hacienda sobre los elementos estructurales de la Taxonomía nacional.
¿Cuáles creen que son las principales barreras?
Respecto de las barreras, algunas de estas coinciden con los desafíos mencionados, la falta de datos e información junto con la ausencia de estándares claros dificultan la evaluación de los riesgos y oportunidades ESG, la implementación de estrategias ESG efectivas y la toma de decisiones informadas basadas en ESG. Aun así, otras barreras a nivel global tienen relación con las limitaciones técnicas y de capacidad dentro de las empresas, entidades y/o organizaciones. Asimismo, pueden existir limitaciones en torno a los recursos necesarios para llevar a cabo evaluaciones o análisis ESG adecuada e implementar cambios significativos en la toma de decisiones, operaciones, estrategias u otro.
En Chile, desde el sector público hemos ido moviendo barreras, realizado importantes avances en materia climática y ambiental, tanto en términos de legislación como de instituciones y políticas públicas.
Bajo este contexto, es importante mencionar tanto el Acuerdo regional de Escazú firmado en 2018 por Chile, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales; como la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático, que establece objetivos claros de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y una serie de instrumentos de gestión de cambio climático.
Dentro de estos instrumentos se encuentra la Estrategia Climática de Largo Plazo, la cual proporciona una guía clara para la acción climática en un horizonte mayor de tiempo, y establece una dirección clara para la toma de decisiones y la planificación en los diferentes sectores económicos y sociales, introduciendo medidas específicas para la mitigación y adaptación al cambio climático en sectores clave como la energía, transporte, construcción, industria, agricultura y forestal. Asimismo, la Ley mandata la elaboración de planes de acción climática que contengan medidas aún más específicas para alcanzar estos objetivos, incluyendo la reducción de emisiones en los sectores de energía, transporte, construcción, industria y agricultura, entre otros.
Desde el Ministerio de Hacienda tenemos el desafío de alinear los flujos financieros hacia la implementación de tales medidas con el fin de cumplir con nuestros compromisos internacionales. Bajo este marco, el Ministerio ha publicado una Estrategia Financiera frente al Cambio Climático, actualizada a inicios del año 2021, como plan integral que busca alinear los flujos financieros con una economía baja en emisiones de carbono, resiliente al cambio climático y sostenible en términos sociales y ambientales.
Asimismo, hemos avanzado en medición de gasto público y privado asociado al clima lo cual permitirá avanzar hacia la orientación de las decisiones de gasto e inversión. Asimismo, se está trabajando en medir el gasto público con perspectiva de género (S). Todos estos esfuerzos, y muchos más, toman tiempo, recursos y conocimiento. Sientan las bases para el desarrollo de actividades y políticas medioambientalmente sostenibles, y con objetivos sociales medibles, que además facilitan la rendición de cuentas (accountability).
