David Quiñones Guerrero , Encargado divulgación científica de Fundación Newenko
Chile es un país que ha vivido múltiples cambios en un periodo corto de tiempo. Aún así, la base de su sector productivo sigue caracterizándose por la explotación de recursos naturales con el fin de fortalecer la economía y alcanzar la modernización. De esta forma, el país busca posicionarse como una potencia en Latinoamérica a través de actividades productivas como la minería, la industria forestal y la pesquera.
Por lo mismo, se puede visibilizar con mayor claridad cómo se ha visto afectado el contexto socioambiental chileno, especialmente por decisiones políticas y económicas. Por lo cual debemos detenernos y reflexionar sobre nuestro quehacer, y cómo podemos aportar en revertir la situación.
Una de las estrategias para hacer frente a las diversas problemáticas ambientales, es la Gobernanza Ambiental, la cual está empezando a ser sistematizada[1], para su facilidad de uso. Esta estrategia considera los procesos de toma de decisión y de ejercicio de autoridad en el ámbito de bienes públicos, en los cuales intervienen los servicios gubernamentales en sus distintos niveles o instancias de decisión. Así como también otras partes interesadas que pertenecen a la sociedad civil o al mundo de las empresas y que tienen que ver con la fijación de los marcos regulatorios y el establecimiento de los límites y restricciones al uso de los recursos naturales y de los ecosistemas[2].
El concepto de gobernanza transmite la idea de que la gestión (por ejemplo de los recursos naturales), ya no es un monopolio exclusivo del gobierno, sino que también de otros actores delegando poder activo, en base al empoderamiento ciudadano en materias de desarrollo a nivel local1. Dicha estrategia también promueve el desarrollo sustentable, apelando a la estabilidad social en conjunción con el desarrollo económico y una integración del componente ambiental en el cuidado del bienestar social. La forma en que ésta se puede llevar a cabo es en base a la posibilidad real de participación ciudadana frente a los demás actores que resultan ser, en algunos casos, una limitante en cuanto a poder de acción con respecto a múltiples decisiones, ya que a través de la organización son capaces de plantear sus intereses y necesidades.
Teniendo en cuenta esto, surgen las preguntas, ¿Qué sucede con los estudios de gobernanza en Latino América? ¿Se han realizado estudios en Chile?
En América Latina los estudios de gobernanza son bastante incipientes y se han documentado de manera escasa. Por ejemplo, se han realizado estudios evidenciando las dificultades que presenta la gobernanza a llevarse a cabo bajo un escenario de conflicto ambiental[3], o en casos puntuales como Bolivia y Ecuador donde la lógica neoliberal ya no es medular pero eso no implicó que desapareciera el capitalismo, dependiendo aún de la extracción de petróleo, gas natural y minerales [4]. En estos casos, la economía sigue un modelo neoclásico, ya que sigue dependiendo de la extracción de los recursos naturales.
En el caso particular de Chile, donde no se cuenta con todos los elementos necesarios para aplicar el manejo ecosistémico integrado como una estrategia para el desarrollo sustentable, la gobernanza ambiental puede servir (a nivel local) como una institucionalidad básica para desarrollar la participación ciudadana efectiva y empoderada para la toma de decisiones en temáticas de desarrollo e impacto ambiental.
Por ello, es indispensable, determinar algunas variables anticipadamente4: a) actores sociales, considerando todos aquellos que afectan y se ven afectados por un problema ecológico-ambiental en un área o espacio determinado; b) recursos naturales que los actores utilizan directa o indirectamente; c) capital social de unión (ecológico, ambiental, o relacionado a alguna actividad productiva; d) capital social de puente (políticas, programas, proyectos, fondos asociados a la economía y al medio ambiente); e) políticas regionales de desarrollo económico.
Como primera iniciativa se pueden constituir, mesas, grupos, o consorcios, (e.j. público-privados), según las características socio-ecológicas propias del área. En ellos se establece una relación entre los organismos de gobierno con incidencia ambiental (público), cuyo rol es el cumplimiento de leyes, normas, fiscalización, y la sociedad civil, constituidas por empresas, ONG´s, junta de vecinos y otros1. Este tipo de asociación, sin embargo, debiera propender a la democratización en la toma de decisiones y una participación empoderada de la comunidad en el manejo de los recursos. Solo a través de ello será posible obtener beneficios reales y compromisos de la comunidad para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.
Por ello, apoyar a grupos pequeños que promueven la sustentabilidad, acompañándolos desde el Estado, para una inclusión mayor desde su lugar y posición, podría ser un componente exitoso para fomentar el empoderamiento ciudadano. Acompañado de educación con respecto a esta temática para fomentar una gobernanza “adaptativa”, en base al real compromiso y empoderamiento ciudadano.
Estos antecedentes podrían mostrar un atisbo de luz, una mirada hacia una promoción de gobernanza ambiental ciudadana con una evolución de contexto, siendo promotor tanto de un desarrollo sustentable social, económico y ambiental, como una estrategia de inclusión país, considerando, claro está, la necesidad de desarticular la centralización de poder que se enraíza en el país. Por ello, una buena gobernanza ambiental considera en su desarrollo la aplicación de distintas estrategias para el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, y para el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.
Por lo tanto, la idea fundamental en una estrategia de gobernanza ambiental es que todos los actores participen y tomen decisiones informados y conscientes de las consecuencias ambientales, económicas y sociales. Esta opción para el desarrollo sostenible local se basa en la descentralización efectiva del poder, y en la implementación de políticas regionales de desarrollo basadas en la sustentabilidad y en la participación ciudadana. Sumado a esto, también se hace necesario formular nuevas visiones que sean integrativas e incluyentes para así comprender los ecosistemas y el desarrollo de éstos en el transcurso del tiempo, así como la interacción (uso) por parte de la sociedad.
[1] Delgado, L.E., P.L. Bachmann & B. Oñate (2007) Gobernanza ambiental: una estrategia orientada al desarrollo sustentable local a través de la participación ciudadana. Revista Ambiente y Desarrollo de CIMPA 23:68-73.
[2] Piñeiro, D. (2004). Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural. Montevideo: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
[3] Polanco J. 2010. Dificultades de la gobernanza del desarrollo económico en el entorno regional de Medellín. Lecturas de Economía, 73 (julio-diciembre), pp. 215-242
[4] Castro, F.,Hogenboom, B., & Baud, M. (2015). Gobernanza ambiental en AmériLatina. CLACSO.
