Pamela Méndez, socia de Servicios de Sostenibilidad de EY
Si pensamos en las necesidades del futuro, indudablemente debemos situar como prioridad el desarrollo sustentable. En este sentido, es un imperativo combatir el cambio climático con metas ambiciosas y concretas que engloban un esfuerzo mundial entre líderes empresariales, inversionistas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), más conocida como la Conferencia de las Partes “COP”, toma decisiones por consenso con el fin de actualizar los compromisos climáticos de los países y fijar nuevas metas en relación a una agenda acordada y aprobada por las partes.
A lo largo de la historia de las conferencias realizadas, se destacan dos grandes acuerdos con objetivos concretos de reducción de emisiones, estos son: el Protocolo de Kioto (COP3, 1997) y el Acuerdo de París (COP21, 2015), los que han constituido las bases de las discusiones en las versiones posteriores de la COP. En su última versión el 2021, la COP 26 centró sus conversaciones en ampliar la ambición de los mercados de carbono, integrando a la discusión medidas fiscales o impuestos para mitigar emisiones. A su vez, el 13 de noviembre de 2021, se logró acordar el Pacto Climático de Glasgow que ratificó el objetivo mundial a largo plazo de mantener el aumento de la media global de temperatura por debajo de los 2°C, e impulsar esfuerzos para limitar el aumento en 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales. Asimismo, el pacto invita a las partes a que aceleren el desarrollo de tecnologías y sus políticas públicas para lograr una transición hacia energías de baja emisiones y energías limpias, e incluso insta a acelerar los esfuerzos para la eliminación progresiva de la energía de carbono.
Sobre esta línea, se espera que durante las semanas del 6 al 18 de noviembre, la 27ª versión de la COP, con sede en Egipto, logre pasar de las negociaciones a establecer iniciativas concretas y eficaces para hacer frente al cambio climático. Para lograrlo, esperan culminar con un programa de trabajo de mitigación integral, alcanzar un progreso significativo en Global Goal on Adaptation (uno de los resultados significativos de la COP26), abordar el déficit de pérdidas y daños y abordar las problemáticas asociadas al desafío de financiamiento climático que preocupa a los países en vías de desarrollo.
La nueva versión de la COP pretende proporcionar, movilizar y entregar financiamiento climático a los países en desarrollo, ya que es una prioridad urgente y requiere de estrategias y políticas actualizadas, especialmente, en el contexto de la crisis financiera actual, garantizando la transición a un modelo económico basado en un desarrollo de bajas emisiones y seguridad alimentaria. Por lo tanto, los grandes objetivos que deberán ser perseguidos por la COP 27 será que los países cumplan sus compromisos en torno a los objetivos del Acuerdo de París y ser testigos de la implementación del Pacto de Glasgow.
Sin bien estas iniciativas y compromisos se ven prometedores, no se puede obviar el contexto global en el que se llevará a cabo la COP 27. La crisis económica y social provocada por la pandemia de COVID-19, la incertidumbre por las crecientes tensiones entre grandes países, además de la crisis energética generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, han provocado que las expectativas de acuerdo se hayan reducido significativamente. Es más, se espera que haya un retroceso en los planes y plazos para lograr la carbono-neutralidad, considerando la intensificación del uso de combustibles fósiles producto de la guerra. Sumado a eso, actualmente los países han limitado el financiamiento y capital político disponible para los proyectos destinados a frenar el cambio climático como una manera de enfrentar el escenario actual, priorizando medidas de corto plazo para recuperar el crecimiento económico, dejando en segundo plano el impacto que estas decisiones podrían tener en el medio ambiente.
Aún cuando Chile no ha sido la excepción en cuanto a la limitación financiera, incertidumbre y crisis social que la situación mundial ha provocado, ha logrado mantener en su agenda política la crisis climática y los esfuerzos por frenarla. Ejemplo de ello, es la publicación en el Diario Oficial de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), normativa que define los mecanismos que nuestro país utilizará para hacer frente a la crisis ambiental y establece la ambiciosa meta de ser carbonos neutrales para el año 2050.
Por otra parte, la Ley N°20.780 del año 2014, introdujo el impuesto a las emisiones de fuentes fijas y fuentes móviles, señalando que “el uso de combustibles fósiles en la industria genera efectos negativos sobre el medioambiente y la salud de las personas. Por ello, avanzaremos en la implementación de impuestos a la emisión de contaminantes en la industria. Esta medida también operará como una forma de estimular el cambio hacia tecnologías limpias”. Continuando con la necesidad de incentivar el cambio de tecnología, en febrero del año 2023 comenzará a regir la modificación introducida a esta ley, que permitirá compensar todo o parte de las emisiones gravadas para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar por el contribuyente, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones.
Si bien se han observado importantes avances y acuerdos sobre los peligros del cambio climático, expertos señalan que aún quedan desafíos y es necesario definir una estrategia certera para enfrentar la crisis climática. Con esta meta en mente, la COP ha promovido que las empresas y gobiernos demuestren su compromiso y reconozcan su responsabilidad, así como el papel que desempeñan en el avance de la crisis ambiental. De esta forma, la COP 27 será clave para que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil trabajen de manera colaborativa a pesar del crudo escenario mundial.
