Francisco López, socio Fontaine, Uriarte, López Consultores
Uno de los principales desafíos que tienen actualmente Chile y el mundo se relaciona con limitar o combatir los efectos que está provocando el cambio climático. Pero al mismo tiempo, este reto se presenta como una oportunidad para nuestro país, dado el gran potencial que tenemos como generadores de energías renovables. Por eso se habla de que los impulsores de inversión en los próximos años serán la ambición climática y las energías limpias, con un impacto directo en la sustentabilidad, el crecimiento y el desarrollo local.
En momentos de alta polarización, es importante poner la mirada en el largo plazo y analizar aquellas áreas que nos permiten generar consensos para construir entre todos el país que queremos. Una de aquellas materias es sin duda la sostenibilidad, las energías renovables y el potencial que tiene Chile para jugar un rol preponderante en el cumplimiento de las metas ambientales.
Avanzar hacia un país más sustentable no implica limitar el desarrollo, sino que muy por el contrario, requiere que existan más proyectos y más inversiones. De hecho, el plan de carbono neutralidad refleja que avanzar en la incorporación de esta agenda y en el logro de los objetivos para 2050 es una muy buena decisión en términos ambientales, pero también lo es económicamente, ya que se requerirán inversiones en el sector energía que podrían llegar a los U$ $48 mil millones, con beneficios netos estimados superiores a los US $30 mil millones de dólares.
Pero una de las principales complejidades que hoy existen para avanzar de manera más acelerada en esta agenda es el fluctuante marco normativo, afectado por la discusión constitucional y también por el cambio en los criterios de evaluación y los extensos plazos que éstos conllevan.
Es importante que las normas sean estables y permitan también a las empresas ser sostenibles en el tiempo. El Estado debe cumplir el rol que le compete tanto en otorgar certeza jurídica como en generar las condiciones que permitan una adecuada evaluación y el avance de las inversiones. La señal que transmite la negativa a proyectos que han cumplido prácticamente con todas las etapas de evaluación y son desechados por las autoridades en las fases finales, va en la línea contraria a lo que se requiere. Además, esto crea dudas en torno a la existencia de una regulación que sea predecible, lo que a la larga podría hacer que se busquen otros destinos de inversión.
Para evitarlo, es prioridad trabajar en disminuir los plazos para la evaluación de los proyectos y que los distintos órganos del Estado tengan la capacidad y los recursos necesarios para avanzar de buena forma en su revisión. La incerteza regulatoria también incluye las demoras excesivas de los servicios públicos y la falta de previsibilidad en las evaluaciones.
Es positivo que las empresas cumplan con elevadas normas y estándares, pero al mismo tiempo, es fundamental que las reglas sean claras y previsibles. El desarrollo de proyectos de la envergadura que estamos viendo requiere de una regulación sólida y estable. Es fundamental que el Estado se encargue de promover este aspecto, generar las condiciones para que las instituciones públicas puedan responder en tiempo y forma a las revisiones y aprobaciones, y que se respete por parte de las autoridades el trabajo técnico de los órganos que participan de los procesos de evaluación. Sólo así Chile podrá lograr un desarrollo realmente sostenible.
