Fernando Aizman Sevilla, Académico de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, Universidad San Sebastián
La conservación de la biodiversidad aporta de manera directa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y es una acción concreta para enfrentar la emergencia climática. Esta incluye detener la pérdida especies, manejar las especies exóticas invasoras, conservar de manera efectiva las áreas protegidas y promover tanto la coordinación como participación de la sociedad en estas materias; actividades que requieren de financiamiento.
¿En qué escenario nos encontramos? A una escala global, estamos lejos de alcanzar el presupuesto deseado a 2030, cercano a los 967.000 millones de dólares anuales; también lejos de cubrir los costos de conservación de las especies amenazadas, que alcanzan los 1.000 millones de dólares por cada 0,5% de las especies, según estimaciones. En Chile importantes superficies marinas y terrestres han sido destinadas a la conservación a través de Parques Marinos y Parques Nacionales, entre otras figuras. Sin embargo, el presupuesto es insuficiente y la asignación de recursos depende en buena parte de la recaudación de ingresos.
Según datos de Wildlife Conservation Society, en el ámbito marino los recursos públicos cubren solamente el 1,7% del presupuesto operacional; en el espacio terrestre las áreas protegidas, que abarcan un poco más de 1/5 del país, destinan gran parte del presupuesto a tareas vinculadas a la atención de visitantes y a la recaudación de ingresos. Un ejemplo es nuestro Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, mundialmente reconocido por su nivel de endemismo, pero sin el presupuesto adecuado para su conservación, debido a la poca llegada de visitantes y baja recaudación. ¿Qué pasa entonces fuera de parques de esta magnitud? Saque sus conclusiones.
Análisis recientes muestran que 8 de los 125 ecosistemas terrestres del país no presentan ningún tipo de protección, tampoco presupuesto, y el 61% de los ecosistemas no se encuentra correctamente representado en las áreas protegidas. Esta evidencia muestra la necesidad de contar con mayores recursos y nuevos mecanismos para acceder a ellos, los que deben ser más ágiles, flexibles e integrados en una gran estrategia nacional.
Un avance relevante fue la creación del primer fondo ambiental para la conservación de la biodiversidad, que replica el exitoso modelo desarrollado en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, el cual ha logrado canalizar más de 1,4 mil millones de dólares en los últimos 30 años. Este propone un mecanismo de financiamiento complementario tomando la experiencia internacional, lo que nos sitúa a la altura de los desafíos, pero debemos ir por más. Los objetivos de desarrollo sostenible y la emergencia climática necesitan de acciones concretas, financiamiento permanente y una sociedad civil organizada e integrada en la toma de decisiones.
