Si bien Chile es uno de los países latinoamericanos más avanzados en materias medioambientales, resulta fundamental estimular la colaboración público- privada. La preservación del capital natural fue una de las principales temáticas que se estudiaron en la última versión de Revista UNO, editorial publicada por la consultora internacional LLYC.
Uno de los principales compromisos que asumió Chile en el marco del Acuerdo Climático de París que se firmó en 2015 fue reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en un 30% por unidad de Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030. Dentro de este contexto, uno de los principales focos de acción ha recaído sobre el sector energético ya que el 78% de las emisiones totales de GEI del país corresponden a dicho sector.
En concordancia con lo anterior, una de las acciones más concretas ha sido el Plan de retiro y/o Reconversión de Unidades a Carbón, el cual en el ámbito energético pretende remover de aquí a 2040 las centrales a carbón que van quedando en nuestro país. Sin embargo, ya se han cerrado varias unidades de forma anticipada, lo que podría adelantar la meta para el año 2030.
Asimismo, la autoridad medioambiental ha estado trabajando en la Estrategia Climática de Largo Plazo, documento que aún está en desarrollo, pero que cimenta las claves para que las áreas más importantes de nuestro país como energía, minería, transporte, agricultura, turismo, entre otras, trabajen en conjunto en pos de la carbono neutralidad. Ahora bien, resulta fundamental fomentar la colaboración del sector público con el privado para alcanzar las metas propuestas.
De acuerdo con el artículo publicado en Revista UNO 38 de la firma internacional LLYC, durante los últimos años, ha quedado en evidencia la importancia de preservar el capital natural y climático. Para ello, resulta necesario crear un sistema económico que asegure su mantenimiento y regeneración de manera adecuada. En el ámbito energético, ello requiere de un modelo de electrificación de la energía y descarbonización de la electricidad que asegure la seguridad del suministro, cuya importancia ha quedado trágicamente patente en los terribles acontecimientos bélicos de las últimas semanas.
Para Joaquín Mollinedo Chocano, Director General de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, la experiencia ha demostrado que el reto de la transición ecológica no puede abordarse únicamente, ni por capacidad ni por volumen de recursos, desde el sector público. Las instituciones pueden guiar el proceso y el sector privado debe desempeñar su función en la ejecución de las inversiones necesarias, en respuesta a las señales regulatorias y económicas que desde el ámbito público se emitan.
En este necesario reparto de papeles, al sector público le corresponde:
- Establecer las grandes prioridades coherentes con los objetivos ambientales y climáticos nacionales, que a su vez deben corresponder razonablemente a los fijados en los ámbitos europeo e internacional.
- Incidir sobre las expectativas empresariales, asegurando en particular la irreversibilidad del proceso frente a los enormes riesgos y costes de la inacción.
- Atenerse a los principios de buena regulación recogidos en la normativa española y europea, respetando los criterios de necesidad y proporcionalidad.
- Garantizar la necesaria estabilidad regulatoria y seguridad jurídica para los sectores inversores que deben promover la transición, con el fin de evitar señales confusas o contradictorias que podrían distorsionar el proceso y favorecer el mantenimiento del statu quo.
- Procurar la garantía de una rentabilidad razonable que estimule y favorezca la inversión en infraestructuras y tecnologías sostenibles. Deben ser infraestructuras y tecnologías habilitantes que posibiliten los cambios de comportamiento asociados a las señales de precios (de poco sirve incentivar el consumo de energías limpias si no se promueve la inversión en generación renovable; de poco sirve la promoción del vehículo eléctrico si no existen la infraestructura o los servicios de recarga suficientes).
- Asegurar de que la tributación y otros instrumentos de política fiscal y presupuestaria garantizan la internalización en los precios de las externalidades climáticas y ambientales.
- Determinar un ritmo de transición asumible económica y socialmente, pero siempre coherente con la urgencia del reto. La necesidad de periodos transitorios no puede servir de excusa para el retraso.
- Gestionar la dimensión social del proceso, asegurando una compensación razonable a los colectivos más vulnerables que puedan verse afectados, con un enfoque de transición justa.
La correcta imbricación de lo público y lo privado determinará que esas previsiones puedan llevarse a término, en particular a partir de un diseño adecuado de subvenciones e infraestructura que asegure la máxima inducción de inversión privada. La colaboración público-privada admite diversos cauces y herramientas jurídicas. Es importante que los instrumentos legales necesarios existan y sean accesibles.
