En la oportunidad, Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA; Rodrigo Benítez, abogado y ex subsecretario del Medio Ambiente; y Sebastián Valdés, ex ministro del Segundo Tribunal Ambiental, dialogaron respecto a las inquietudes que genera el tratado luego de la firma del Presidente Gabriel Boric, previa aprobación del Congreso Nacional para su ratificación formal.
A pocos días de realizarse la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú en nuestro país, SOFOFA realizó un encuentro virtual para abordar las principales implicancias y desafíos de su implementación, con el objetivo de sumar distintas miradas de la mano de expertos en la materia.
Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); Rodrigo Benítez, abogado y ex subsecretario del Medio Ambiente del Gobierno de Sebastián Piñera; y Sebastián Valdés, ex ministro del Segundo Tribunal Ambiental, fueron los invitados al webinar moderado por Iván Cheuquelaf, director de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional de SOFOFA.
El tratado, de carácter regional y vinculante, busca -entre otras cosas- garantizar el acceso a información y justicia ambiental, además de asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones, aspectos que han generado dudas sobre su implementación una vez que sea ratificado formalmente, previa aprobación del Congreso.
En esa línea, Charles Kimber, presidente del Comité Internacional de SOFOFA, explicó que, “es responsabilidad de todos asegurarnos que la implementación de este tipo de instrumentos se realice de la mejor forma posible. Esto no es algo que implementan terceros, tenemos que involucrarnos, participar y también tomar los resguardos para poder cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos”.
Para la directora ejecutiva del SEA, quien participó como experta en las negociaciones del Tratado y que será responsable de implementarlo en el SEIA, aseguró que, “ya no es posible sostener que la protección ambiental, o que la participación ciudadana en materia ambiental, sean barreras o amenazas para la inversión o para el desarrollo, sino que más bien son condiciones del desarrollo sostenible”.
Asimismo, Durán enfatizó que “existe mucha experiencia y buenas prácticas que demuestran que proyectos robustos, con amplio relacionamiento comunitario, transparentes y con buenos procesos de participación ciudadana asegurados por el Estado, se fortalecen finalmente”.
En tanto, para Rodrigo Benítez, abogado y ex subsecretario del Medio Ambiente, el problema tiene relación con la expectativa de lo que involucra el resultado de la participación. “Escazú tampoco establece un veto (…), el problema surge -y obviamente los miedos- cuando a veces un proyecto ha tenido participación relevante y se termina cayendo por una cuestión que no se entiende. En eso es lo que yo creo que sí tenemos que dar las confianzas, tenemos que establecer qué es lo que implica, y en qué incide la participación ciudadana”, explicó.
Sebastián Valdés, ex ministro del Segundo Tribunal Ambiental, coincidió con esa mirada, destacando el alto estándar que tiene el país y la región en estas materias. Sin embargo, aseguró que esto podría incidir en que “muchos de los principios que vienen en el tratado pueden agregar más confusión y oportunidades de judicialización a nuestro sistema; porque las interpretaciones -cuando los principios están tan vagamente delineados y los artículos tan profusamente detallados-, pueden dar para mucha oposición”. Asimismo, agregó que esto “nos expone a una tutela internacional que podría no ser muy beneficiosa para nuestro país”.
 del Acuerdo de Escazú en nuestro país, SOFOFA realizó un encuentro virtual para abordar las principales implicancias y desafíos de su implementación, con el objetivo de sumar distintas miradas de la mano de expertos en la materia.){kind=link}