Peter Kennedy, presidente de Fundación Kennedy para la protección y conservación de los humedales.
El pasado 10 de marzo, el Congreso aprobó Ley de marco de Cambio Climático, con ello Chile se transformó en el primer país de América Latina en fijar e institucionalizar la lucha contra este fenómeno como una política de Estado, un desafío que enfrenta el mundo entero, y que llega a reforzar el arduo trabajo que se realiza para proteger la naturaleza en nuestro país.
Esta ley tiene como objetivo alcanzar la meta de carbono neutralidad, es por esta razón que se establecen, además de sistemas de información, monitoreos, reportes y verificación, aquello permite establecer la gobernanza climática que entrega las facultades, responsabilidades y obligaciones del Estado.
Es una gran noticia, sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno renace la incertidumbre de quienes llevamos a cabo labores en terreno, respecto de los recursos que se destinarán para proteger y conservar, por ejemplo, humedales en Chile, ya que se necesita dinero para fiscalizar, investigar y trabajar en lugares que están en riesgo.
Lo anterior es destacado por la nueva ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien precisa que se tendrá una mejor institucionalidad ambiental cuando se fortalezcan los servicios, es decir, cuando existan más recursos destinados a proteger la biodiversidad. Esta disponibilidad de recursos es lo que tiene el potencial de marcar una gran diferencia respecto a cómo el país enfrenta la urgencia de adaptarse al cambio climático, para lo que la conservación de ecosistemas como los humedales, glaciares, ecosistemas marinos, y otros, tiene un rol fundamental.
Finalmente, nos es claro que esto y el mejorar las capacidades de fiscalización de lugares amenazados, debe ser la punta de lanza de la implementación de las políticas, pues son la preocupación más sentida por parte de las comunidades que luchan por proteger los recursos naturales que el país aún tiene para adaptarse el cambio climático.
En definitiva, los recursos que hoy tenemos son altamente vulnerables, eso no está en cuestión, sino que, en peligro, por lo que requieren de un aterrizaje rápido de la ley para enfrentar la crisis que ya impacta en el territorio y en el mundo, a través de la sequía, incendios, eventos meteorológicos y la pérdida de biodiversidad.
