La iniciativa establece la meta de la carbono neutralidad y resiliencia climática a más tardar el 2050, la que puede ser adelantada con revisiones cada cinco años. Tras su promulgación, Chile será el primer país en vías de desarrollo en establecer esta meta por ley.
El ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, junto al ministro de Ciencia, Andrés Couve, calificaron como un hito para la historia medioambiental de Chile la aprobación de la ley marco de cambio climático por parte del Senado, con lo que termina su tramitación en el Congreso. Esta iniciativa, presentada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, es fundamental para impulsar la acción climática en Chile al establecer el combate del cambio climático como una política de Estado.
El Titular de Medio Ambiente comentó que “este es un hecho histórico, un hito para Chile, porque con la aprobación del proyecto nos transformaremos en el primer país en vías de desarrollo en establecer, por ley, la meta de la carbono neutralidad a más tardar el 2050, tal como la ciencia nos ha solicitado a todos los países, para conseguir limitar el aumento de temperatura a 1,5° Celsius. Además, se incluye la obligación de que esta meta sea evaluada cada 5 años, para poder acelerarla”.
Mientras tanto, el secretario de Estado, Andrés Couve, comentó que “este es un paso tremendamente importante para el desarrollo sostenible de nuestro país. Se establece legalmente a más tardar el 2050 como año obligatorio para alcanzar la carbono neutralidad. En el marco de las ciencias, este proyecto ha sido el resultado del trabajo y el apoyo transversal de la comunidad científica. Quiero agradecer al Comité Científico de Cambio Climático, que asesoró al gobierno al país durante estos años. En el marco de la COP 25 y 26, convirtiéndose en un referente nacional e internacional para que la evidencia científica contribuya a las decisiones climáticas en la política pública”
Para lograr la meta propuesta, el proyecto de ley establece facultades y obligaciones a nivel central y también a nivel regional y local. Este proyecto es clave para lograr la transformación de Chile al desarrollo sustentable e inclusivo, y para ello establece además los instrumentos de gestión climática, los sistemas de información y participación, así como el sistema de monitoreo, reporte y verificación de manera vinculante para 17 ministerios sectoriales (Interior, Cancillería, Defensa, Hacienda, Economía, Educación, MOP, Salud, Vivienda, Agricultura, Minería, Transportes, Energía, Desarrollo Social, Mujer, Ciencia y MMA). Y la fiscalización activa por parte de la Contraloría General de la República.
“La nueva ley nos permite fijar e institucionalizar la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, independiente de los gobiernos de turno, entregando facultades, responsabilidades y obligaciones que permitan cumplir con los compromisos para alcanzar la carbono neutralidad y convertir a Chile en un país resiliente al clima”, enfatizó el ministro Naranjo.
La ley también reconocerá la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) como una meta intermedia en el camino del país a la carbono neutralidad, con sus compromisos y metas al 2030, que permitirán asegurar la resiliencia.
Asimismo, reconoce la Estrategia Climática a Largo Plazo, la que establece límites de emisiones de GEI por sector, así como medidas e indicadores concretos de adaptación. Y se establece la obligación de tener en un plazo de 2 años, planes sectoriales de mitigación y adaptación con medidas y acciones concretas para cumplir estas metas.
Se establece, además, la seguridad hídrica del país como un tema prioritario para la adaptación, mandatando la elaboración de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuenca para las 101 cuencas del país, estableciendo un sistema de certificación voluntario de gases de efecto invernadero y uso de agua. Por otra parte, circunscribe la obligación de elaborar en un plazo máximo de 3 años planes de acción comunal y regional de cambio climático a cargo de las autoridades regionales y comunales, estableciendo la obligación de incluir el cambio climático en el sistema de evaluación ambiental.
Se incorporan obligaciones concretas para el sector financiero instaurando la obligación por parte del Estado de reportar todos los años la inversión pública climática; y también que las Instituciones Financieras deben declarar anualmente los impactos y riesgos climáticos de sus proyectos de inversión privada.
La tramitación de este proyecto contó con un amplio proceso de participación temprana y formal, con un apoyo transversal y con base en la ciencia. En efecto, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se trabajó con una mesa técnica con el apoyo del CR2 de la Universidad de Chile. A partir del trabajo desarrollado, se lograron incorporar el 70% de las indicaciones recibidas, mejorando y fortaleciendo aún más el proyecto.
Con la aprobación de la sala del Senado, en su tercer trámite, el proyecto termina su aprobación en el Congreso. Luego de su revisión por el Tribunal Constitucional, quedará listo para ser promulgado.
