Fundador y responsable de una oenegé con décadas de trabajo sistemático en La Legua Emergencia, es experto en pobreza, infancia y drogas. Aunque partió con chicos inhaladores de neoprén, ahora no hace trabajo focalizado. Su lucha se centra en conseguir la esperada y largamente tramitada Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. Reproducimos aquí su conversación con Carlos Vöhringer de Hogar de Cristo en torno a los resultados del demoledor Informe del Observatorio de la Droga 2021.
Por Ximena Torres Cautivo
Muchos de estos adolescentes se han sacado el premio a la resiliencia viviendo en La Legua de Emergencia. Nadie, salvo ellos, saben cómo es vivir en uno de esos pasajes, sufriendo la violencia cotidiana del narco y la estructural del Estado, que impone una vigilancia policial día y noche, que no les permite ni siquiera dormir tranquilos. Estigmatizados. Conozco a dos jóvenes profesionales, Alexandra y Cristián, que lograron estudiar y titularse de trabajadores sociales, pese a llevar veintitantos años ahí adentro, y hoy trabajan por los niños y niñas de la población. Esto demuestra que, independientemente del contexto, es posible avanzar, salir adelante, aunque nadie merece hacerlo en condiciones tan adversas.
David Órdenes (70) es profesor y diplomado en planificación social. Con esos títulos, pero sobre todo con una larga historia de trabajo en materia de pobreza infantil y juvenil, dirige desde 1985 La Caleta, una organización no gubernamental que nació al alero de la Vicaría de la Pastoral Juvenil en 1977, se consolidó con ayuda de Cáritas Santiago y del Hogar de Cristo, y en 1985 se independizó. “Entonces nos dedicábamos a trabajar con los chicos inhaladores de neoprén, un fenómeno de los años 80, de la dictadura. Ahora ya no estamos focalizados en drogas; nos dimos cuenta de que más que enfocarse en un tema, hay que trabajar en incidencia a nivel político para que los niños, niñas y adolescentes sean una prioridad del Estado y realmente se les garanticen sus derechos humanos. Focalizarse en otros temas desvirtúa el objetivo, algo que teníamos claro ya en 2005”, nos explica.
Pero al nacer se bautizaron La Caleta, porque ese era el nombre con que los adolescentes de entonces identificaban el lugar donde aspiraban solventes, dormían y se guarecían con otros.
¿Sigue vigente el concepto “caleta”?
Ha cambiado. Yo diría que estos chicos, los de las caletas, por vulnerados que sean, nunca han vivido propiamente en la calle, salvo por cortos períodos. Siempre tienen un lugar donde vuelven, una casa, altamente precaria donde la vulneración de derechos es integral y, por lo general, hay una madre, una mujer sola a cargo, desescolarizada, estresada.
David Órdenes fue invitado por el Hogar de Cristo a un Hora de Conversar en torno a los desalentadores datos que contiene el reciente Informe del Observatorio de la Droga 2021, entregado por la Fiscalía especializada en el tema. Irrupción de tres poderosos carteles internacionales en Chile, instalación de una cultura de dominación de los narcos en las cárceles del país, producción local de drogas sintéticas y cultivo masivo de marihuana a nivel nacional, son los datos más relevantes. Y que se traducen en la destrucción del tejido social, la indefensión total en los territorios marginales, donde la ausencia del Estado, más allá de iniciativas policiales, es evidente, como sucede en La Legua de Emergencia. David conversó del impacto del narco en las poblaciones más vulnerables, con el director técnico nacional del Hogar de Cristo, el psicólogo Carlos Vöhringer, e inició su participación, poniendo los puntos sobre las íes.
No me gusta hablar de sectores vulnerables: se trata de personas vulneradas en sus derechos. Hay que aclarar el punto, porque hoy vivimos inmersos en un sistema neoliberal y capitalista que es condicionante importante para la operación y la fuerza del narcotráfico. El narco produce mucho dinero y el dinero realmente es parte central de este sistema economicista y consumista. Esto es lo que permite que el narco y el micro tráfico organizado operen. La Subsecretaría de Prevención del Delito está presente en una cantidad de territorios de Santiago, deben ser unos 36 o 40. Lo hacen con el Ministerio del Interior e incluso con Senda, pero no trabajan desde una perspectiva de derechos. Reducen el tema a delincuencia y persecución penal. Y eso es desconocer las realidades que viven los sectores populares. Yo tuve la posibilidad de estar en este comité que creó el presidente Piñera con la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero la mirada era solamente criminal, delictual. Ahí se aprecia que no existe un trabajo coordinado entre los ministerios, ni integral, ni centrado en derechos, además no se podía ni hablar, así es que me retiré.
¿Qué es a tu juicio lo que ayudaría y protegería a las personas que viven en terrenos tomados por el narco, en especial a los niños y jóvenes?
Nosotros tampoco hablamos de proteger ni de rescatar a nadie. Lo que concretamente hacemos es acercar lo que son sus derechos básicos a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué implica eso? Generar espacios para ellos en las comunidades territoriales, donde tengan actividades que los acerquen a esos derechos: el derecho a jugar, a estudiar, a tener un espacio recreativo, cálido, tierno, que les garantice poder desarrollarse. También es importante generar instancias intergeneracionales de manera de producir encuentros con sus familias y su comunidad para ir buscando juntos formas concretas de enfrentar sus problemas y necesidades. Ahí está el hacerse cargo de los espacios públicos, de sus pasajes y de la crianza positiva de sus hijos e hijas. Para nosotros hacer eso no es fácil, porque somos una organización no gubernamental pequeña, sin recursos, y el contexto real de este modelo neoliberal, no garantiza procesos de largo plazo. Lo único que logra son pequeños proyectos como dar un millón para arreglar una plaza. Eso no sirve.
Un collarcito de un millón 200
Carlos Vohringer también tiene una larga experiencia en el trabajo con niños, jóvenes y adultos con consumo problemático de alcohol y de otras drogas. Y desde esa historia, coincide con el diagnóstico de David.
Comparto lo que dice David, sin duda. Necesitamos una mirada más integral, una respuesta de derecho al tema del consumo y de la influencia del narco en los territorios, lo que no obsta que debe haber persecución penal. Eso lo muestra muy bien el Informe del Observatorio de la Droga, señalando la relación que hay entre oferta y demanda. La cuestión clave es cómo atacar la oferta y comprender la demanda. Hay que dar un giro y mirar la contracara. No sólo hablar de la oferta, sino y sobre todo entender por qué las personas terminan necesitando consumir drogas. Lo hacen para enfrentar la vida, lo que en el actual contexto de pandemia y crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, se ha extremado. El consumo de alcohol y de otras drogas por parte de la poblaciones en vulneración es finalmente un intento de autocuidado que les permite hacer frente al dolor, a la angustia, a la incertidumbre, al sin sentido, que enfrentan cada día. Por lo tanto, es relevante integrar, más allá de las sanciones morales y judiciales, conceptos como dignidad y respeto. Dejar de ver a las personas como delincuentes, consumidores o drogadictos, y enfrentar el tema con una perspectiva de derechos.
Carlos Vöhringer relaciona el tema con “los dolorosos sucesos que se han vivido en el Norte Grande” y llama a “no hacer una asociación fácil entre narcotráfico y migración”. Y agrega además otro elemento al tema del narcotráfico: la dimensión de género.
Es relevante hablar de la población femenina que hoy está en prisión, justamente por micro-tráfico. Pese a que la población femenina penal no alcanza más allá del diez por ciento del total de las personas privadas de libertad en Chile, más de la mitad de ellas lo está por alguna causa asociada a tráfico de drogas. Son cerca de cuatro mil mujeres privadas de libertad por micro tráfico, delito fuertemente asociado al género, a problemas sociales, familiares y que afecta de manera muy distinta a mujeres y hombres. Nosotros sabemos, y lo expusimos en la publicación “Ser Niña en una Residencia de Protección”, niñas y adolescentes criadas en contextos de pobreza experimentan mayor riesgo que sus pares masculinos. Riesgo de sufrir violencia, abuso y explotación sexual comercial, experiencias traumáticas que se acentúan con la victimización posterior. Hay además un componente trans-generacional; estas niñas suelen ser hijas y nietas de mujeres que están marcadas por experiencias similares. Todo esto es terreno fértil no sólo para el consumo de drogas sino también para el involucramiento en el delito de tráfico. Aunque no es políticamente correcto decirlo, para muchas de estas mujeres el tráfico no es una elección. Es consecuencia de la feminización y sectorización de la pobreza, de entornos donde no hay Estado y esa ausencia es cubierta por bandas organizadas que operan como benefactoras. Apoyar verdaderamente a esas mujeres en riesgo es un enorme desafío.
El director de La Caleta se alegra de conocer cifras de una realidad que él vive cotidianamente, pero sobre la que no tiene datos duros, aunque sí vivencias. Confidencia: “Estamos claros de que hay muchas mujeres implicadas en el tráfico. El otro día, en uno de nuestros territorios, escuché a una comentar que se había comprado un reloj de quinientas lucas y una gargantilla de oro de un millón doscientos mil. No era alarde, aunque sí, porque el narco es una alternativa de adquirir elementos que dan poder, prestancia, status en el sector. Los responsables de esto son los grandes narcotraficantes y el Estado ausente. Creo que además falta organización de las comunidades para generar entre todos procesos de buen vivir”.
Contra viento y marea
David, en concreto, ¿cómo evalúas la acción de los gobiernos post dictadura en materia de control del narco?
Mira, La Legua de Emergencia, que es donde nosotros estamos ubicados, lleva intervenida policialmente 22, 23, 24 años… Eso significa varias generaciones de niños y niñas y adolescentes que han nacido en el contexto de la intervención policial, donde el tema del narco y las balaceras han ido en aumento. Hace unas semanas, nosotros interpusimos una demanda contra el Estado de Chile por la situación de violencia en que estos niños han vivido durante más de dos décadas. Fue desestimada, pero lo hicimos porque se trata de un lugar hito de la aplicación de una política errada, centrada en la persecución del delito y, como ya dije, no en una perspectiva de derechos. Chile firmó la Convención de los Derechos de los Niños en 1990 y han pasado 31 años de eso y aún no tenemos una Ley de Garantías de Derechos de la Infancia en Chile. Ningún gobierno ha sido capaz de garantizar eso y todo se ha centrado en persecución policial y penal y en distribuir beneficios como caridad.
O sea, ¿les pones pésima nota?
-Naturalmente, el funcionamiento de los gobiernos en este tema es un soberano desastre. No estoy hablando sólo del actual, sino de todos. Creo que no hay absolutamente ninguna coordinación conjunta, pienso que no se considera el rol de los municipios, done hay además tanta disparidad de recursos. Nosotros nos enfocamos en municipios pobres, a los que se les van los recursos en salud, educación y en recoger la basura, cuando acá la clave es hacer promoción humana en los territorios para que las personan se empoderen. No es que esté poniendo todos los huevos en la nueva constitución, pero espero que ella contenga una perspectiva de un modelo de vida distinto al que tenemos ahora, mercantilista, individualista, que permite que entren los carteles porque producen plata y muchos recursos y tienen a las personas. Aunque suene repetido, el Estado debe garantizar derechos y hacer prevención en serio. Esa sí focalizada en los niñas, niñas y adolescentes más expuestos. Respecto de la educación, nosotros hemos desarrollado proyectos en educación para niños, adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela, pero esos niños tienen una complejidad de problemas que no debe circunscribirse sólo a sus problemas de aprendizaje. Su realidad es demasiado dura, cargan con una complejidad de problemas: habitan viviendas desastrosas, no tienen para comer bien, viven con una abuela o una mamá a la que no ven porque sale a ganarse la vida, sufren violencia de todo tipo. Tratamientos integrales y de largo plazo es lo que se requiere, de nada sirven proyectos financiados por un año, porque las realidades de vulneración de derechos son brutales y estructurales.
El representante del Hogar de Cristo, Carlos Vöhringer, vuelve a coincidir con David, de La Caleta. Comparte que faltan “políticas integrales y de largo plazo”. Detalla:
Cada cambio de gobierno implica partir de cero y sin una perspectiva de derechos. Nosotros en el Hogar de Cristo y en concreto, estamos trabajando con muchos niños, niñas y jóvenes que están excluidos del sistema escolar y que necesitan como factor primordial para el desarrollo de sus vidas volver a acceder a estos espacios educativos, que son además preventivos. La buena noticia es que Fundación Súmate en conjunto con otras organizaciones, han logrado que se cree una modalidad educativa de reingreso para adolescentes que están fuera de la escuela. Así evitamos que esos niños y jóvenes estén en las esquinas a disposición del narco. Hoy, a consecuencia de la pandemia, cuatro de cada diez hogares con niños han sentido preocupación por no tener qué comer, por lo tanto y más que nunca, de lo que se trata es de acompañar a la familia y a esos niños en situación de vulnerabilidad y resguardar este derecho tan fundamental que es el derecho a la educación.
David cierra la conversación citando a esos campeones de la resiliencia, Alexandra y Cristián, veinteañeros nacidos y criados en La Legua de Emergencia, hoy trabajadores sociales que trabajan contra viento, marea y narco, a los que nos invita a conocer.
