Por Alicia Albornoz, directora social de Fundación Luz
Luego de revisar su implementación, a tres años de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral (21.015), el Gobierno presentó una propuesta con cambios al Código del Trabajo y al Estatuto administrativo del sector público, los cuales buscan mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad (PcD), paso que considero va en la dirección correcta y necesaria, pero aún quedan pendientes otros aspectos importantes para lograr una real inclusión.
Dentro de los aspectos positivos, la propuesta del Ejecutivo busca ampliar los beneficiarios de la ley, incluyendo expresamente a las personas asignatarias de una pensión de invalidez. Además, establece que los empleadores deberán analizar e implementar las medidas de prevención que sean necesarias para ajustar los puestos de trabajo a la accesibilidad requerida por las PcD. También, se busca reconocer formalmente los oficios o competencias laborales de las PcD que egresaron de escuelas especiales, lo que es un gran avance porque elimina las barreras de entrada existentes para acceso laboral de estas personas a la Administración del Estado. Esta es una materia en que el Gobierno está al debe, ya que está imponiendo obligaciones a otros, sin cumplirlas ellos mismos.
El principal paso que busca dar el Gobierno es terminar con el desincentivo existente. En la actualidad, las grandes empresas prefieren pagar las multas asociadas al no cumplimiento de la ley, antes de contratar a PcD o donar el monto equivalente a las organizaciones sociales aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Social, ya que las multas son más bajas que el costo económico de la contratación o donación. Creo que el cambio de paradigma que intenta imponer el Ejecutivo es un paso que estábamos esperando, ya que la única forma de lograr una real inclusión, es que las empresas adopten una cultura inclusiva, situación que sólo ha sido implementada por una pequeña minoría.
He visto cómo PcD llegan a sus trabajos con la ilusión de ser un aporte y sentirse capaces de cumplir metas, pero en la realidad sólo van a marcar asistencia. Algunas empresas han contratado a PcD con el sólo afán de cumplir con la ley, pero sin la convicción de que ellas pueden ser un real aporte, dejándolas relegados del quehacer. Esta es la conducta que necesitamos erradicar. Sé que cambiar la cultura de las empresas es un gran desafío, es por eso que, para la correcta ejecución de la ley, es necesario un acompañamiento periódico a las empresas, a través de ONGs y fundaciones, para apoyarlos en la inserción de las PcD, resolver dudas, derribar mitos, y lograr sacar todo el potencial de ellas.
La ley ya existente y este proyecto son los primeros pasos para lograr una verdadera inclusión, pero no debemos perder de vista que es una carrera que recién comienza. Espero que no tengan que pasar otros tres años para dar un nuevo paso.
