Tras casi 10 años de tramitación, este 2021 se proyecta la implementación de la ley que sustituirá a la ONEMI por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Investigadores de la U. de Chile alertan que, dado el tiempo de tramitación, “existen aspectos que no han sido abordados de acuerdo al panorama actual”.
A las 03.34 am del 27 de febrero de 2010, la zona central de Chile fue sacudida por uno de los terremotos más intensos registrados en la historia, con una duración de casi tres minutos y una magnitud de 8,8 grados (Mw). El movimiento afectó al 75% de la población, causó 521 víctimas fatales y dejó en evidencia lo precario de la institucionalidad en esta materia, dando cuenta que hasta esa fecha solo existía el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad de Chile.
En la actualidad se sigue discutiendo la legislación que se hará cargo de esta materia, por lo que expertos del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres (CITRID), en coordinación con la Unidad de Redes Transdisciplinarias (Redes Td) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la casa de estudios, instan a implementar las nuevas normativas de manera urgente y actualizada.
Luego de 11 años del fatídico día, el país actualmente cuenta con una red de 500 estaciones sísmicas pertenecientes al Centro Sismológico Nacional y se encuentra ad-portas de implementar la Política Nacional para Reducción de Riesgo de Desastres (2020-2030), que se basa en ocho principios: seguridad, solidaridad, complementariedad, responsabilidad, equidad, descentralización, sustentabilidad y coordinación. Adicionalmente, se trabaja en proceso legislativo que sustituirá a la ONEMI por el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
De acuerdo con el director de CITRID, Ricardo Herrera, el proyecto constituye un avance necesario en la gestión del riesgo, pero requiere de una actualización. “La iniciativa viene a poner al día la institucionalidad, sin embargo, debido a su larga tramitación, existen aspectos que no han sido abordados de acuerdo al panorama actual. Hemos generado diversos documentos e instancias para aportar a la discusión en la materia, sobre todo ante el proceso constituyente”, comentó.
Hacia una gestión del riesgo de desastres efectiva
La Académica de la Facultad de Derecho y miembro de CITRID, Daniela Ejsmentewicz, sostiene que “antes, la gestión de riesgo de desastres en Chile estaba normada a nivel reglamentario, por lo que el dictar esta nueva ley implica que el país se pone al día con una actualización normativa que ya había ocurrido en la mayoría de los países de la región. También se sube la jerarquía administrativa de la ONEMI y se deja una lógica centrada en la emergencia para pensar en una gestión del riesgo integral. Este es un elemento necesario para el desarrollo sostenible, en particular en el caso de Chile, al estar expuesto a muchas amenazas de origen natural y el cambio climático”, comentó.
En esta línea, el director de CITRID, Ricardo Herrera entrega las 5 razones principales de por qué es importante y por qué se debe implementar con urgencia la legislación que enfrente los riesgos y desastres naturales:
1. Debemos estar preparados ante los próximos eventos naturales extremos que puedan ocurrir, tales como nevadas en invierno, aluviones, erupciones volcánicas, terremotos y ahora la pandemia.
2. De acuerdo con los organismos internacionales, es labor y obligación del Estado el actuar diligentemente para proteger a su población, velar por la prevención y tener un oportuno accionar ante los riesgos.
3. Es necesario regular las actividades que mantengan o incrementen el riesgo de desastres. El Estado y los privados deben trabajar para reducir y prevenir el riesgo, no solo gestionarlo.
4. Chile adhirió al marco de Sendai realizado en 2015 tras la Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Este compromiso que lo obliga a avanzar en la reducción de riesgo de desastres, determina modalidades de cooperación y recomendaciones para abordar la gestión internacional en la materia. Sin embargo, uno de los puntos en que estamos rezagados es la gobernanza del riesgo.
5. Es necesario implementar las herramientas legales y administrativas que permitan evitar, prevenir y gestionar la reducción de riesgo de desastres. Esto permitirá tener más tiempo para probarlas y corregirlas antes de que ocurra un suceso. En el contexto de cambio climático no se puede pensar en tener una legislación estática, por lo que si no lo trabajamos puede significar que cuando finalmente se implementen ya no sean tan efectivas o simplemente no sirvan.
