Cristóbal Molina, Ceo y Fundador de Mimasoft
Las problemáticas que se pusieron en la palestra en 1970 cuando surgió el “Día de la Tierra”, tienen la misma urgencia 50 años después. Crisis climática, contaminación de los océanos, conservación de la biodiversidad y las denominadas “zonas de sacrificio”, entre otros, siguen siendo un llamado de atención para ser conscientes de nuestra forma de vivir y convivir con el entorno.
La deuda de Chile en desarrollo sostenible es innegable. Falta mayor fiscalización en materia de cumplimiento y participación ciudadana en el diseño de proyectos y evaluación de los mismos; asegurar un acceso equitativo a los recursos naturales, priorizando el uso humano y la mantención del ecosistema por sobre los intereses productivos; mayor promoción de las iniciativas públicas y privadas en torno a sostenibilidad e innovación; normas de calidad y planes de prevención y descontaminación más estrictos, acompañados de una fuerte fiscalización que regule estas normativas.
La oportunidad es para el sector privado, que debiera ser un actor protagónico en el desarrollo de nuevas innovaciones e inversiones sostenibles, transparentes y de alto impacto. Es urgente priorizar la economía circular que busca reducir la generación de plásticos de un solo uso y otras mejoras. Nuestra oportunidad personal está en premiar aquellas iniciativas que tienen el mismo sentido de urgencia a través del cambio de nuestros hábitos de consumo.
Por otro lado, no podemos desconocer que existen buenas iniciativas en políticas públicas como la Ley de Bolsas Plásticas o de Bombillas y la próxima Ley de Plásticos de un solo uso. En reciclabilidad, es destacable la Ley REP 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, es una buena herramienta que permite a los consumidores nuevas alternativas para evitar la disposición de residuos, en la medida que las empresas definen estrategias para el fin de la vida de sus propios productos.
Así como se creó la ley de etiquetado de alimentos –y se está avanzando en envases reciclables-, se debiera promover el ecoetiquetado de impactos ambientales, que permitan a las personas tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen.
El desafío es claro. Debemos crear conciencia y generar espacios para promover iniciativas con una mejor sinergia entre el mundo público y privado. La deuda sigue vigente. Mientras los esfuerzos sigan siendo voluntarios, no conseguiremos generar un impacto positivo en el corto plazo.
