Suzanne Wylie, Directora Ejecutiva de Fundación Reforestemos
Recientemente fue acogida en la Comisión del Medio Ambiente del Senado un proyecto de ley denominado “Ley de Arbolado e Infraestructura Verde”, impulsado por Red de Árbol Urbano, el cual busca establecer normas para la valoración, fomento, planificación, gestión, protección y conservación de los árboles y la infraestructura verde urbana.
Esta iniciativa está cimentada en los beneficios al desarrollo sostenible, la calidad de vida y al bienestar medioambiental que los árboles son capaces de otorgar.
El proyecto establece que el 50% de los árboles que se planten en un área verde deben corresponder a un mix de distintas especies nativas pertenecientes a la ecorregión de la comuna. Y es que los árboles nativos son fundamentales y los que más beneficios otorgan a nuestro ecosistema. Y cuando están juntos, sus poderes se potencian. Los bosques nativos absorben anualmente hasta el 40% de las emisiones de Co2 en el mundo, ayudando a combatir el cambio climático; protegen el suelo de la erosión -acción vital si tomamos en cuenta que el 33% de los suelos del mundo están degradados- aportan el 75% de agua dulce que se consume en el mundo y son el sustento diario del 22% de la población mundial.
Por otro lado, esta propuesta plantea el involucramiento de la ciudadanía en la protección y creación del arbolado urbano, responsabilizándola de la mantención de los árboles en sus propiedades, y facilitando la denuncia ante eventuales incumplimientos de esta ley. En nuestros 10 años de experiencia como Fundación Reforestemos, hemos aprendido que, para que un plan como este obtenga resultados que trasciendan en el tiempo, es fundamental incorporar un eje educativo orientado a generar consciencia acerca de la importancia de cuidar el medioambiente desde las acciones individuales, así como el valor ecológico de los árboles nativos, para este caso en particular.
Esta iniciativa comenzó a gestarse en 2018 bajo el nombre “Ley Arbolito” con el compromiso del ministro de Agricultura de la época, pero no se materializó hasta abril pasado al entrar al Congreso en primer trámite constitucional. A pesar de que durante estos tres años cerca de 60 municipios acogieron la propuesta original como ordenanza municipal, es necesario que ella se convierta en una normativa nacional
Una moción destinada a impulsar el desarrollo sostenible de los espacios donde vive más del 85% de la población chilena, debiera estar dentro de las prioridades de la agenda medioambiental. Por el bien de nuestro país y las generaciones venideras, esperamos que este proyecto de ley sea promulgado y acatado a cabalidad por las personas. El futuro del planeta es responsabilidad de todos.
