Carlos Quezada, Trader senior de Libertex
Cada vez que el precio del cobre en Chile se dispara, el debate sobre cuánto dinero aporta la extracción del metal a las arcas públicas se enciende. Pero esta discusión genera más ruido debido al año políticamente excepcional, ad portas de una nueva Constitución y con elecciones presidenciales en noviembre.
¿Cuáles son las cifras del cobre en Chile? representa cerca de la mitad de las exportaciones nacionales; genera en torno al 10% del PIB (cifra que puede ampliarse al 15% si se considera el impacto que tiene en otros sectores asociados a su producción); crea una importante cantidad de empleos directos e indirectos y es una significativa fuente de ingresos para el presupuesto nacional, especialmente cuando el precio está alto.
En 2020, el metal aportó el 5,9% de los ingresos del país, según la Dirección de Presupuestos, mientras que en el período 2010-2019, esa contribución llegó al 9,6%. Sin embargo, en la época del “superciclo” del cobre (entre 2004 y 2014), cuando el precio estaba por las nubes, el aporte a las arcas públicas alcanzó un máximo de 34,3% (2006), según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Como el negocio del cobre es altamente rentable -acaba de marcar US$4,86 la libra, el máximo precio registrado en su historia- y constituye una de las mayores fuentes de riqueza para un país que es el mayor productor mundial de este metal, la discusión no es sólo técnica, sino también política.
¿Qué debemos esperar? Mientras su valor acumula un aumento de su precio cercano al 80% desde mediados del año pasado, lo más importante en una proyección de mediano y largo plazo es apuntalar las arcas fiscales. Estas se han visto muy presionadas por la crisis social y sanitaria que vive el país y significan la viga maestra para el plan de ayudas que el Gobierno ha destinado y las ayudas que aún se discuten en el Congreso.
Con una pandemia que probablemente acompañará la actividad productiva durante el resto del año, la posibilidad de acceder a más recursos fiscales a través de los tributos derivados del cobre significan un alivio para el presupuesto, relativizando el acceso al endeudamiento y las presiones que significa para la economía interna.
Por otro lado, la discusión de una nueva Constitución dará paso a distintas agendas políticas y sectoriales que buscarán allegar recursos para sus propuestas. Asimismo, la discusión de una reforma previsional y la degradación de los ahorros previsionales de millones de chilenos que han accedido a los sucesivos retiros de sus fondos, harán necesario de un Estado con arcas robustas.
Para todo esto es necesaria una discusión abierta y sin prejuicios, donde la discusión de un royalty minero requiere altura de miras y apertura de las partes.
Chile debe utilizar sus ventajas competitivas atendiendo a datos certeros. Por ejemplo, cambios estructurales, como la revalorización del cobre en el contexto de los planes de descarbonización a nivel mundial y la demanda de este metal asociada al desarrollo tecnológico.
Más allá de que estemos ante un “superciclo”, las perspectivas a largo plazo son alentadoras y el cobre debería seguir siendo un buen negocio por muchos años. Por ello, el debate necesita voces expertas, actores públicos y privados dispuestos a ceder y un Estado que maximice un recurso natural que seguirá siendo una piedra fundamental de su accionar.
