Pedro Lagos, abogado Estudio Jurídico Arteaga & Gorziglia
Recientemente fue promulgada la ansiada Ley de Eficiencia Energética (“LEE”), legislación que pone a nuestro país al día en una materia clave para enfrentar el cambio climático, promoviendo un uso razonable de los recursos naturales.
Dicha ley, entre otras cosas, permitirá que los ahorros de energía se traduzcan en una reducción de emisiones directas de CO2 hasta en 28,6 millones de toneladas al año 2030, aportando a la consecución de las metas propuestas en el compromiso de Chile de mitigación de gases de efecto invernadero para el sector energético.
Lo anterior se suma a otras iniciativas públicas y privadas que desde el sector eléctrico están contribuyendo a alcanzar un desarrollo sostenible, como las cada vez más ambiciosas metas de descarbonización de la matriz de generación y el aumento sostenido en el desarrollo y construcción de proyectos en base a energías limpias.
La LEE, entre otras innovaciones, mandata al Ministerio de Energía a establecer Planes Nacionales de Eficiencia Energética cada 5 años que fijen objetivos de corto, mediano y largo plazo; incentiva la participación ciudadana en la elaboración de estos planes; obliga a los grandes consumidores de energía (“Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía” o “CCGE”) a establecer sistemas de gestión de energía (“SGE”); establece el requisito de la clasificación energética para las nuevas construcciones de edificios y casas; establece incentivos y regulaciones en favor de la utilización de vehículos de propulsión eléctrica, y declara al hidrógeno como combustible.
Todas estas innovaciones no solo son buenas noticias desde el punto de vista ambiental. Estas medidas ayudarán a mejorar la productividad y competitividad de diversas industrias, mejorando la calidad de vida de todos los chilenos. Asimismo, es destacable que la LEE de flexibilidad tanto a los CCGE como a distintos organismos públicos para elaborar sus propios SGE, de acuerdo con la realidad particular de cada uno de ellos. Con esto, se garantiza que la eficiencia energética no sea una carga, sino que convierte a las empresas y a la sociedad civil en protagonistas en generar desarrollo sostenible, en estrecha colaboración con el Estado.
Es de esperar que en el futuro se establezcan incentivos que lleven a empresas que no clasifiquen como Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía para que voluntariamente se sumen al desafío de hacer más eficiente su consumo de energía.
El Estado debe cumplir un rol no solo fiscalizador, sino que ser un activo promotor de una cultura de la eficiencia energética. En este aspecto es fundamental que se establezcan los mecanismos que faciliten la adopción de medidas que impliquen un uso eficiente de la energía. Exenciones tributarias, subsidios y capacitaciones, entre otras, son algunas medidas que podrían ayudar a crear una verdadera cultura nacional en torno a la eficiencia energética, convirtiéndola en un objetivo conjunto del Estado y los particulares.
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