Involucrar a OSC en la toma de decisiones para avanzar hacia un desarrollo sostenible

Carla Ávila, Directora agencia de comunicaciones Voz Chile

Nuestro país está viviendo un proceso único. La posibilidad de generar una nueva constitución a través de un órgano electo democráticamente pone de relieve la importancia de la participación ciudadana en esta discusión. Pero ¿cómo se expresa la ciudadanía en un territorio dado? ¿Cuáles son las organizaciones que representan a las vecinas y vecinos y que pueden hablar en su nombre? Cuando tenemos una situación de conflicto entre diferentes actores como empresas, comunidades, gobiernos en sus diferentes niveles, ¿quién habla de manera legítima por esas comunidades?

La respuesta parece simple. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son una de las herramientas que tiene la ciudadanía para expresar sus necesidades, deseos, problemas, propuestas, etc. En particular, y cuando hablamos de territorio, las Juntas de Vecinos (JJVV) son las llamadas a representar a las y los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de desarrollo, gestionar la solución de problemas, proponer y ejecutar proyectos que beneficien a la comunidad, entre otros.

Y, ¿cómo funcionan las JJVV? Estas organizaciones de tipo territorial se rigen por estatutos autodefinidos que no deben vulnerar los contenidos de la Ley Nº19.418. Todas las personas que habitan en la unidad vecinal pueden incorporarse como miembros sin poder negar el ingreso y, tampoco se le puede obligar a quedarse, ya que se trata de una actuación voluntaria.

Como toda organización, las JJVV tienen un órgano directivo electo democráticamente que debe al menos, estar constituido por tres personas que ejercen la presidencia, secretaría y tesorería, siendo el presidente o presidenta quien asume la representación legal. No hay que olvidar que el órgano decidor por excelencia es la Asamblea quien mandata a la directiva en su actuar.

Hasta agosto de 2019, con la aprobación de la Ley N° 21.146, los Tribunales Electorales Regionales ya no califican las elecciones de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, como los clubes deportivos o juntas de adelanto, quedando en manos de la comisión electoral de la propia JJVV u organización la entrega a la municipalidad correspondiente, y en un plazo máximo de cinco días, toda la documentación pertinente que valide la probidad de las elecciones. Sin embargo, cualquier vecino puede reclamar ante el tribunal Electoral Regional en caso de considerar faltas en el proceso.

Pero ¿de qué manera los municipios, que en general se quejan (de manera justificada) por la falta de presupuesto y de recursos humanos, logran verificar la prolijidad y apego a la ley de estas elecciones? ¿De qué manera se verifica el respeto de los estatutos a los cuerpos legales?

Si las respuestas a estas preguntas no parecen muy alentadoras, debemos agregar otro ingrediente que puede restar representatividad a estas organizaciones y cuya importancia es gravitante a la hora de mejorar la calidad de vida de sus miembros: los estatutos de las JJVV, en general, permiten las reelecciones de sus directivas casi a perpetuidad generando vicios de poder, baja participación efectiva de los miembros, poca participación del universo de vecinas y vecinos de la unidad vecinal, sólo por mencionar algunas consecuencias.

El sentimiento generalizado que nos demuestran años de trabajo en la gestión de relacionamiento comunitario se puede resumir en frases como: “siguen los mismos de siempre”, “solo ayudan a sus familias” o “si no eres del clan, nadie te ayuda”. Lo que nos lleva a pensar en nuestra clase política, su desprestigio y bajísima aprobación, según lo reflejan diversas encuestas desde hace ya varios años.

Haciendo este paralelismo, deberíamos comenzar a copiar algunas buenas prácticas, como por ejemplo, la Ley 21.238 que limitó la reelección de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Sin ir más lejos, la presidencia de la República no permite la reelección inmediata. Entonces, ¿por qué se permite esto en las JJVV y casi de manera indefinida?

Otro punto importante que podría ayudar a mejorar la representatividad y mayor participación en las JJVV es la transparencia. Si las autoridades encargadas de velar y fiscalizar a las OSC establecieran un sistema común y obligatorio con estándares mínimos para la elaboración de memorias y balances, permitiendo el acceso a estos documentos de manera liberada, se daría un gran paso. Existen instrumentos para este fin, como la Ficha Estadística Codificada Uniforme Social (FECU), pero claro, las capacidades de gestión aún no están presentes en las JJVV como para generar este tipo de informes.

Entonces, si queremos más representatividad, más y mejor participación, el Estado y las Empresas, en su rol educador y de creación de valor compartido, debieran promover y financiar estos aprendizajes porque el gran desafío que enfrenta Chile hoy es involucrar a más actores en la toma de decisiones y definiciones de políticas públicas, coordinar iniciativas y abrir las puertas a un diálogo amplio. Este es uno de los ingredientes en la creación de condiciones para un desarrollo sostenible.

Carla Ávila es periodista de la Universidad de Chile, magister en comunicación de la Universidad de Montreal y docente de la Escuela de Periodismo de la USACH. Dirige la agencia de comunicaciones Voz Chile, empresa consultora experta con más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa, de riesgo, relaciones comunitarias y desarrollo territorial.