Soledad Lama, Gerente General y fundadora de Comaco e integrante del G100
A mes y medio de cumplirse un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, las consecuencias del coronavirus siguen haciendo mella en distintos aspectos de nuestra vida.
Después del sanitario, el ámbito económico es, sin duda, el que más ha sufrido los efectos negativos de una crisis mundial sin precedentes. Este complejo escenario se hace aún más crítico al considerar que durante los últimos años hemos tenido que luchar contra las adversidades del cambio climático y su impacto en nuestro medioambiente.
A los cientos de miles de negocios cerrados y millones de personas que han perdido sus empleos, hoy hay que sumar otro factor que se convierte en un reto crucial en eso que por meses hemos llamado la reactivación sustentable.
Según un reciente análisis del Observatorio Laboral Metropolitano ―basado en datos del INE―, la brecha por nivel de educación en la creación de empleo se amplió en la Región Metropolitana, dejando a la luz las diferencias de oportunidades entre personas con menor y mayor calificación.
Dicho trabajo resalta que la brecha en la tasa de ocupación entre quienes cuentan con estudios profesionales y aquellos con educación media completa es de 19,6 puntos. El escenario es aún más alarmante si se hace la comparación entre quienes tienen estudios profesionales y los que no completaron la educación media: 46,9 unidades.
Pero esto es algo que no solo se vive en Chile, es también la realidad en Europa, donde el 8% de los que tienen estudios básicos han quedado desempleados, mientras que los puestos de trabajo para aquellos con formación universitaria han aumentado un 3%, según informes de la Comisión Europea.
Esta situación nos hace ver con claridad la urgente necesidad de impulsar ideas en pro de un desarrollo laboral más justo y digno. No podemos dejar para mañana un tema que hoy es tan relevante como las brechas salariales.
Desafío 10X es un claro ejemplo de cómo hemos abordado este asunto en Chile; una iniciativa que nació tras el estallido social, que voluntariamente invita a las empresas a reducir la diferencia entre sueldos máximos y mínimos a solo diez veces y/o establecer un sueldo mínimo bruto de 22 UF.
El momento es complejo, quizás asumir una medida como esta no sea una opción para algunos, pero el solo hecho de conversar sobre este tema y manifestar las ganas de querer medir la brecha salarial al interior de las empresas ya es una declaración de buena voluntad para empezar a generar esos cambios que la ciudadanía pide y que la sociedad necesita.
