Teresa Matamala, gerenta general Entorno Social.
En 2020, a raíz de la pandemia, volvimos a hablar de hacinamiento, allegados, campamentos y tomas ilegales de terreno. Según datos oficiales, el 6,5% de las familias vive en situación de hacinamiento y cerca de 50 mil familias vive en campamentos, por lo cual no pueden realizar una cuarentena efectiva.
Hoy muchos compatriotas viven hacinados: abuelos, hijos, nietos y bisnietos, todos compartiendo un mismo techo. Y esto ocurre cuando las viviendas a las que pueden acceder las familias jóvenes no cumplen con estándares de habitabilidad ni están localizadas en los barrios de origen, donde cuentan con sus redes de apoyo, conectividad suficiente y acceso a equipamiento y servicios.
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) dio a conocer recientemente el informe ‘Propuestas para la regeneración urbana en las ciudades chilenas’ que se enfoca precisamente en la falta de viviendas y propone priorizar las soluciones habitacionales para miles de familias.
Las recomendaciones en las que el CNDU ha trabajado desde su creación apuntan a paliar el déficit de ciudad, es decir, la falta de espacios públicos donde las personas tengamos acceso a los servicios y bienes urbanos básicos como trabajo, salud, educación, transporte, seguridad, áreas verdes, etc. Regenerar ciudades es transformar barrios que nacieron desprovistos (de servicios, bienes, espacios) y recuperar otros que se han (hemos) deteriorado. El propósito de esta regeneración está recogido en el Objetivo 11 de la agenda 2030 de los ODS: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
En esta misma línea está concebida la Ley de Aportes al Espacio Público, que entró en vigencia el pasado mes de noviembre, al establecer que todas las nuevas edificaciones deben realizar inversiones en espacios públicos y en movilidad, para mitigar el impacto de los proyectos. Estos aportes serán gestionados a través de los Planes comunales de inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, que se elaborarán con la participación de la comunidad. Las obras deberán orientarse a mejorar la conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así como a mejorar la calidad de los espacios públicos elevando la sustentabilidad urbana, aportando a las comunas afectadas y a espacios prioritarios de la Región en que habitan.
Hoy, que tenemos mayor conciencia sobre el déficit de ciudad que enfrentamos, es necesario que avancemos para que regulaciones como la Ley de Aportes al Espacio Público sean una herramienta efectiva para la regeneración de nuestras ciudades. Los instrumentos de planificación urbana también deben actualizarse para que cobren vida proyectos públicos y privados, que den uso a terrenos desaprovechados por años y aporten en equipamiento. Y esta tarea, necesariamente, debe integrar y conciliar las visiones y aportes de todos. Necesitamos con urgencia ciudades y localidades sostenibles para Chile.
