Desde la organización ambientalista, Greenpeacen señalan los aspectos que hoy revelan la necesidad de cambios profundos en materia ambiental en Chile.
Agua como un derecho para las personas y la naturaleza
La crisis por el agua que ha vivido Chile se ha visibilizado en estos tiempos de pandemia donde la medida básica para protegerse del virus es lavarse las manos no puede ser cumplida por todos quienes habitan en el país. En este contexto, y de manera inédita, en agosto la ONU emitió una dura declaración respecto de la situación de falta de agua en Chile, señalando de manera clara que “os derechos al agua y la salud deben estar por encima de los intereses económicos”.
Desde Greenpeace explican que: “El problema de falta de agua, pese a la incidencia de la sequía, tiene un alto componente de gestión y “apropiación” que ha quedado amparado bajo un controvertido Código de Aguas. La solución es cambiar el modelo de gestión del agua en Chile, por uno que reconozca desde la Constitución hasta la decisión administrativa más singular el valor de este elemento como pilar estructurante de la vida humana y planetaria. Para ello se requiere cambiar el sistema regulatorio por uno que reconozca que existe una estabilidad natural de los territorios absolutamente vinculado a sus sistemas hídricos, asimismo surge velar por la protección de los ecosistemas hídricos claves, como glaciares, pomponales, salares, humedales y quebradas, la priorización de los usos del agua, y la consagración del acceso a la misma en cantidades y en calidad suficiente para los seres humanos y otros seres vivos es una cuestión basal”.
Eliminar la pandemia del plástico
Este año las medidas de protección contra la pandemia del coronavirus parece poner una pausa en los avances alcanzados en Chile para lograr deslegitimar el plástico, debido a la idea de que el uso de desechables puede ayudar a protegerse del contagio. Para la organización ambientalista las medidas deben apuntar a un enfoque que elimine cada vez más los plásticos de un solo uso del consumo masivo. “En vez de eso, buena parte del esfuerzo tanto del gobierno como de los principales actores de la industria y del comercio ha pasado por aumentar los niveles de reciclaje de plástico utilizando las herramientas que entrega la ley de Responsabilidad extendida del productor (Ley REP) o mediante el anuncio de compromisos que no terminan por disminuir la enorme masa de elementos plásticos en el envasado, lo que limita las opciones de una ciudadanía que ha demostrado poder liderar el cambio hacia otras formas de relacionarse con el plástico.La mejor política es reducir el uso de plásticos de un solo uso, como apunta el proyecto de Prohibición de plásticos de un solo uso, actualmente en discusión en el congreso y sobretodo relevando la responsabilidad que tienen los fabricantes en no ofrecer las opciones para que la ciudadanía lleve adelante cambios en su forma de relacionarse con el plástico”.
Moratoria a la Salmonicultura
Durante esta pandemia hemos sido testigos de una serie de desastres ambientales protagonizados por la industria salmonera principalmente en las costas de la Región de los Lagos que ha desnudado la realidad en materia de fiscalización que protagonizan autoridades acuícolas y medioambientales, “las que incluso al ser llevadas al tribunal ambiental por no cumplir sus objetivos, amenazan a las organizaciones medioambientales a castigos económicos por exigir sanciones como ocurrió esta semana con la Superintendencia del Medio Ambiente que se ha negado a sancionar a los centros de cultivo que dejan sin oxígeno al mar” explican en Greeenpeace. “Estos casos son una prueba manifiesta de las limitaciones que presenta la legislación de la materia en la búsqueda infructuosa de una “Salmonicultura sustentable”. Por esto urge cuanto antes reducir las áreas en donde se extiende esta industria. Ante la incapacidad del Estado de poder controlar a la industria, una moratoria se presenta como fundamental para las tres regiones del sur donde hoy opera intensivamente.Por otro lado, respecto de las sanciones económicas a las empresas se debe avanzar hacia la pérdida de los permisos para operar, sobre todo si pensamos en que son espacios marinos que nos pertenecen a todos y que están siendo deteriorados a un ritmo vertiginoso. Al mismo tiempo, a Chile le urge que las solicitudes de Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO) avancen y no sean postergados y bloqueados por los intereses de esta industria”.
Zonas de sacrificio.
El Estado durante este año se negó a dar cumplimiento por ejemplo, a la sentencia de la Corte Suprema por las intoxicaciones masivas en Quintero-Puchuncaví que vulneran a diario los derechos humanos de quienes habitan en esa zona. “Si bien en Coronel se anunció el cierre anticipado de central termoeléctrica bocamina I para fines de 2020 y la central Bocamina II para el 2023, gracias al trabajo de comunidades locales y organizaciones ambientales, aún quedan dudas respecto del daño ambiental acumulado que la operación de dichas centrales de la empresa Enel ha dejado en el territorio y faltan respuestas concretas a la comunidad sobre los niveles de exposición a contaminantes de aquí al cierre definitivo, lo que ocurrirá con los botaderos de cenizas. Por esto se requiere detener la degradación social y ambiental de aquellos territorios, exigir justicia, indemnización y reparación del daño ambiental. Dictación de normativas de calidad y emisión en dichos instrumentos que puedan hacer efectivo lo que allí se establece. Por último es urgente el inmediato de la sentencia de la Corte Suprema en Quintero-Puchuncaví, de lo contrario la sentencia seguirá siendo un saludo a la bandera” explican en Greenpeace.
“Las denominadas zonas de sacrificio son la expresión más fuerte de la injusticia ambiental que padece este país. Territorios que tienen que soportar una carga ambiental inmensa comparada con la amplia mayoría de los Chilenas y chilenos, sino que además las comunidades que allí habitan, no son solo vulneradas por las empresas públicas y privadas sino que el Estado, en su rol de administración pública, no ha procurado que puedan acceder a la información y ni a la justicia ambiental de una manera consistente”.
Clima y descarbonización
Para Greenpeace, los compromisos de Chile en materia de Cambio climático y energía “continúan siendo insuficientes, no solo para todos los que estamos convencidos que nos encontramos en una emergencia climática, sino que para las miles de personas que hoy habitan en las zonas de sacrificio que sufren los impactos directo de proyectos que afectan gravemente la condición climática y, por otro lado, muchas chilenas y chilenos y también los ecosistemas, se encuentran afectados por la condición de sequía prolongada que es el principal efecto de esta alteración planetaria en nuestro país. “Es urgente avanzar en la ambición climática, en hacer obligatorios los compromisos climáticos, que las medidas busquen principalmente la integridad ecosistémica. Urge la descarbonización total al 2025 – 2030 con transición en base a energías renovables y el fin progresivo de los combustibles fósiles, incluido el gas, lo que es posible en la medida que se dirija la reactivación económica a la transición de una economía ecológica. Al mismo tiempo Chile no debe promover a la industria forestal y la plantación de Pinos y Eucaliptos como actualmente lo hace en su Contribución Nacionalmente Determinada, se debe proteger el bosque nativo y no permitir que este sea reemplazado por especies agrícolas y/o forestales”
Economía para el bien común
El coronavirus ha impactado la economía con fuerza, impulsando a los Estados a ejercer un rol activo en la protección y estabilidad económica. La pregunta desde Greenpeace es a quién beneficia esa actividad del Estado que implica gasto en presupuesto público, exoneración de impuestos y subsidios a la industria privada. La organización ambientalista explica que el plan paso a paso presentado por el Presidente Piñera “vela marcadamente por el interés económico de las grandes empresas, abogando por la disminución de tiempos para el otorgamiento de concesiones y la aceleración a la tramitación de proyectos Cuestión que es acompañada por la mayoría de los miembros del congreso toda vez que en diversos proyectos que tratan la reactivación han aprobado por ejemplo exonerar de impuestos a titulares por el solo hecho de presentar proyecto de inversión al sistema de evaluación ambiental, sin que antes estos sean aprobados. Otro caso es el proyecto que trató el fondo de ayuda donde el congreso aprobó la entrega de presupuesto público a empresas que no necesariamente cumpliesen con criterios de beneficio social y protección ambiental”.
Por esto, agregan que “el Estado debe dar satisfacción al interés colectivo, resguardando la protección ambiental y la salud de la población en un primer orden de cosas. La economía está al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. El desafío es disponer los salvatajes estatales con un objetivo público, que no es otro que el de proteger las condiciones de la naturaleza que permiten la vida humana, y planetaria. La economía debiese posibilitar impulsar la transformación de la economía hacia una ecológica y justa que abra el camino para un Chile que desarrolle y transforme su fuerza de trabajo y productivo hacia una sociedad más sostenible socio ambientalmente hablando”.
Avanzar hacia una Constitución ecológica
La Constitución contiene las normas más importantes del sistema jurídico nacional, pero es también un texto político y social, que supone recoger los principios fundantes de la organización política de un país, y con ello asegurar la convivencia en paz. Desde esta premisa en Greenpeace enfatizan que “La Constitución de 1980 levanta y refuerza un modelo de desarrollo económico basado en la sobreexplotación de los componentes naturales que integran nuestro territorio. Esta cuestión puede parecer abstracta pero no lo es, la mayor parte de las chilenas y chilenos respiramos aire contaminado, el agua se encuentra entregada a privados sin ninguna protección al carácter de bien común, exponiendo a miles de chilenas y chilenos a tener que recibir agua comprada por el Estado en camiones aljibes, o que existe una moratoria para cultivar salmones en dos regiones porque las condiciones de explotación pusieron en peligro la sanidad y la vida de uno los mares más prístinos del mundo”.
Desde la organización ambientalista exponen también “la necesidad de la protección de la naturaleza, la ambición en el tratamiento de la emergencia climática y ecológica y el derecho a incidir, informarnos, y participar en las decisiones que nos afectan a todos, en todos los niveles”.
