Por Maximiliano Romo, Máster en Ciencias de la Sustentabilidad en Arizona State University
De acuerdo a un reciente informe de Bloomberg, para el 2030 un 28% de los autos vendidos en el mundo serían eléctricos, llegando a un impresionante 58% para el 2050. En esta línea, en Chile, durante el 2019, el mismo porcentaje llegó a un 0,08% (un 0,3% si sumamos los vehículos híbridos.
Ahora bien, más allá de desanimarse, viendo lo lejos que estamos de las cifras a nivel mundial, hay que comprender que la realidad de nuestra región dista mucho de lo que podemos ver en Europa, Norteamérica o Asia. A corto plazo será difícil una rápida expansión de la tecnología, más aún considerando los aún desconocidos impactos económicos y sociales que tendrá la pandemia del COVID-19. Pero eso no puede ser un impedimento para postergar la inevitable transición hacia una movilidad más amigable con el medio ambiente.
La Ministra de Medio Ambiente recientemente señaló que la reactivación económica no será a costa del planeta y se respetarán los acuerdos establecidos previamente. Considerando el debate sobre si los compromisos ambientales impulsados por Chile podrían ser aún más ambiciosos, es que me gustaría ver una posición aún más agresiva en lo que respecta al transporte. No hay duda del gran impacto que tiene este apartado en distintos aspectos como la salud, el calentamiento global y la inclusión social. Casi toda visión futurista sustentable tiene como base un sistema de transportes amigable social y ambientalmente como centro, donde la bicicleta es ampliamente usada y los combustibles fósiles son ya cosa del pasado.
Si bien en Chile se han hecho avances en temas ambientales al respecto, como la implementación de flotas de buses eléctricas o las normas de emisiones, éstas distan mucho de estar alineadas con las tendencias respecto de la impulsión de la electromovilidad a nivel mundial. Cuesta entender que existan aún beneficios para el Diésel a pesar de sus conocidos impactos en la salud y el ambiente, pero que la única ventaja de un vehículo eléctrico o hibrido, aparte del menor gasto en combustible, sea el pago rebajado del impuesto verde (¡porque efectivamente contaminan menos!).
¿No sería acaso más alineado al discurso de nuestros líderes que estos vehículos pagaran un menor permiso de circulación que sus pares? ¿o que pagaran cada dos años? ¿O por qué no considerar un menor impuesto a su internación? Ejemplos como estos hay mucho en el mundo, pero todos apuntan a empujar su masificación a través de beneficios económicos. Considerando que el auto eléctrico más barato cuesta en torno a los $25 millones de pesos ¿no ayudaría a aquellos que aún no se deciden, dar el paso hacia la electromovilidad saber que hay medidas económicas de apoyo que buscan acelerar la transición? No hay que ser ingenuos ya que es difícil que la adquisición de estos vehículos, producto de su alto costo, suba exponencialmente con las medidas antes mencionadas. Pero sin duda darían señales de que nuestros legisladores apuntan en la dirección correcta, situando incentivos alineados con la protección del medio ambiente.
