Por Michael Aravena, Gerente de proyectos – División Consultora Ambiental Grupo Ecosur
En lo que va de 2019, casi 90 proyectos -por un monto superior a US$1.060 millones- no fueron admitidos a tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Si bien éstos pertenecen a diversos sectores productivos, 45% de los proyectos que no ingresaron a evaluación corresponden a los sectores minero y energético. Pero estas cifras no sólo impactan las proyecciones locales, sino también las perspectivas de crecimiento económico del país que, ahora más que nunca, necesita nuevas inversiones.
Desde una óptica técnica, el panorama es preocupante, teniendo en cuenta que el examen de admisibilidad considera sólo el cumplimiento de requisitos formales mínimos para iniciar el procedimiento. En este aspecto, un estudio del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile consigna que entre el 1º de enero de 2017 y el 1 de junio de 2018 se registraron en el SEIA un total de 1.113 ingresos, de los cuales, 289 no fueron admitidos a trámite, es decir, 1 de cada 4 proyectos ingresados no pasaron el test.
¿Qué hace que en año y medio más del 25% de los proyectos presentados a la autoridad ambiental no hayan sido admitidos? Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, simplemente, se trata de una mala asesoría, generalmente, efectuada por consultoras sin experiencia o carentes de visión estratégica de proyectos, que incurren en errores que son fácilmente detectables por especialistas con trayectoria en evaluación ambiental.
En la práctica, solo por este hecho se pueden perder entre 6 y 12 meses de trabajo, lo cual incide directamente en los indicadores de gestión y rentabilidad de los proyectos. En este sentido, la invitación a la industria es a abrir sus horizontes e incorporar -desde etapas tempranas- asesores especializados en evaluación y seguimiento ambiental, que generen alto valor en el desarrollo de sus proyectos, incrementando los estándares de sustentabilidad para garantizar el éxito de la aprobación ambiental.
Necesitamos revertir el número de proyectos que -por errores administrativos o falta de información relevante- se declara inadmisible. Sobre todo, cuando se trata de iniciativas con buenas proyecciones, tanto para quien las ejecuta, como para quienes se benefician de su ejecución: trabajadores, comunidades y, por supuesto, Chile y su crecimiento económico.
