Los Bonos de Impacto Social representan un tipo de contrato “basado en resultados” en el que la inversión en una empresa social está vinculada a si éstas pueden cumplir o no algunas metas y objetivos predeterminados. Se considera un método de inversión más “sólido” o “riguroso”.
Se espera que al ingresar un instrumento de esta naturaleza a Chile la industria del emprendimiento social local madure.
Los académicos Pablo Muñoz y Jonathan Kimmitt analizan los desafíos de su implementación en el país.
“¿Cuál es el potencial de los Bonos de Impacto Social en Chile? Exploración de nuevas oportunidades para la industria social”, es el nombre del último Reporte de los académicos Pablo Muñoz, PhD, Profesor de Emprendimiento y Director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Liverpool y profesor visitante de la UDD, y Jonathan Kimmitt; PhD, Profesor de Emprendimiento, Universidad de Newcastle, Facultad de Negocios, Reino Unido.
La publicación, que contó con el financiamiento del Consejo de Investigación Económica y Social de Reino Unido, busca abrir el debate sobre los Bonos de Impacto Social (BIS) para generar las condiciones para su pronta implementación en Chile, como mecanismo para estimular y mejorar el mercado de la inversión social en el país.
En la publicación se analizan las implicancias de las políticas públicas relacionadas con el diseño y la implementación de este mecanismo y se introduce una herramienta de diagnóstico de Bonos de Impacto Social para economías emergentes.
Impacto social y rentabilidad financiera
Los Bonos de Impacto Social (BIS) representan un tipo de contrato “basado en resultados” en el que la inversión en una empresa social está vinculada a si éstas pueden cumplir o no algunas metas y objetivos predeterminados. Por lo tanto, se considera un método de inversión más “sólido” o “riguroso”. Se trata de una herramienta de política pública innovadora y cada vez más popular, porque al vincular los pagos con los resultados, transfiere el riesgo de los gobiernos a los inversores privados. De esta manera alinea el impacto social con la rentabilidad financiera.
Ofrecen, además, inversiones a más largo plazo, lo cual es inusual en el contexto de las empresas sociales que a menudo dependen de formas de inversión más cortas e irregulares, particularmente en el contexto chileno.
La aparición de los Bonos de Impacto Social (BIS) se produce el año 2010 en Reino Unido, respondiendo a una tendencia más amplia relacionada a la crisis de austeridad y déficit después de la crisis financiera de entonces. Se buscaron nuevas formas de entregar y mejorar la eficacia de los programas de bienestar. Esto fue combinado con un creciente mercado de inversión social en Reino Unido, así como con cambios legislativos.
A septiembre de 2018 se habían contratado 118 bonos de impacto en todo el mundo en diferentes ámbitos sociales en 24 países del mundo.
Desafíos para la implementación en Chile
En Chile el gobierno hizo un compromiso para facilitar los BIS, a través de la División de Innovación del Ministerio de Economía y Corfo. Pero existen varios desafíos que se deben resolver para que puedan implementarse. Entre ellos, el hecho que las áreas sociales prioritarias actualmente no están claras y para poner en funcionamiento un bono de impacto social, la pieza fundamental es identificar y dar prioridad a las problemáticas sociales y grupos objetivo -según indica Pablo Muñoz-.
El académico explica que existe la intención de alinearlos con los 16 puntos del mapa de vulnerabilidad de Chile (Compromiso País), pero no es suficiente. Dado que los problemas sociales son complejos y difíciles de definir, los autores, Muñoz y Kimmitt recomienden una herramienta de diagnóstico básica para un bono de impacto social en países emergentes. La herramienta de inversión diseñada permite analizar hasta qué punto la problemática social es apta para la creación de un BIS.
Otro de los puntos clave de los BIS tiene relación con la colaboración pública privada que demandan: “Son una herramienta de inversión social nueva para el contexto chileno, que tienen a la base la idea de pago sobre resultados y cambio social. Esto desafía la lógica de provisión de servicios sociales y relación entre Estado y empresas sociales. Además, en contextos donde se han implementado, los BIS tienden a hacer sentido a nivel de política pública macro, pero genera conflictos cuando el instrumento se operacionaliza en contratos y baja a los prestadores de servicio y beneficiarios. Es muy intensivo en generación de datos, puede ser restrictivo y terminar desincentivando aprendizaje y colaboración publico-privada, lo cual está en la base del éxito de un BIS”, asevera.
En materia de costos de implementación Muñoz indica que éstos varían “de acuerdo al tamaño del BIS, cantidad y capacidad de actores involucrados, complejidad regulatoria y alineación de problema – solución social. Siempre es posible diseñar e implementar un BIS, el problema es el costo de hacerlo, y no es difícil que el costo supere el beneficio de eficiencia asociado a pago por resultado”.
Respecto al tiempo de diseño indica que “en Chile, en promedio, debiera durar al menos 2 años con un costo estimado de US300.000 (etapa de preparación, pre-intervención), pensando en intervenciones de 3-5 años, con montos superiores al US 1 millón”.
Según indica el informe, algunos BIS en economías emergentes han tenido problemas legales al establecer este tipo de contratos, principalmente en relación a si los gobiernos pueden permitir la actividad lucrativa de los inversores. Demanda desafíos legales para los pagos de los inversionistas. También problemas éticos: ¿es adecuado que inversionistas obtengan retornos financieros sobre problemas social?
“Los Bonos de Impacto Social son herramientas complejas para el financiamiento de intervenciones sociales. Su utilidad es relativa al contexto donde se piensa implementar y respecto al problema social que se busca resolver. El tipo y tamaño del problema social es relevante, así como la pertinencia de los marcos regulatorios existentes y la disponibilidad de inversionistas y empresas sociales capaces de entregar servicios sociales y medir sus impactos. Los BIS siempre pueden ser implementados, pero bajo ciertas condiciones los costos de implementación y administración de un BIS puede terminar superando los fondos destinados a la intervención social”, señala el académico.
Para finalmente concluir: “En Chile la industria social está creciendo, pero la evidencia indica que su capacidad de medir impactos sociales es bastante limitada. En este caso, la implementación de un BIS va a requerir desarrollar capacidades que en la actualidad no están disponibles. Esto es tiempo y recursos”.
