Hace un par de semanas la Asociación de Bolsas Reutilizables de Chile (ABR), organización de los principales actores nacionales del rubro, solicitó formalmente a la Contraloría que validara si las bolsas reutilizables de materia prima plástica quedan comprendidas en la normativa que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo el país, destacando ahí el impacto que esta implementación tendrá en las finanzas de los chilenos.
La nueva ley de bolsas plásticas fue promulgada el 20 de julio de este año y publicada oficialmente el 3 de agosto en el Diario Oficial, fijando su entrada en vigencia para febrero de 2019. Tal noticia no tardó en tener repercusiones, principalmente por las dudas que generará la implementación de la misma en la ciudadanía.
Esta ley nace con el espíritu de contribuir al desarrollo del medio ambiente en el país, sin embargo, desde la Asociación de Bolsas Reutilizables (ABR) automáticamente generaron ruido las falencias técnicas que esta normativa evidencia. Fernanda Maturana, vocera de la ABR, señaló que “para la elaboración de esta ley al parecer se olvidaron aspectos claves, entre los que destaca no considerar la gran cantidad de dinero que deben invertir los usuarios”.
Profundizando en las alternativas que permite la ley, las bolsas permitidas serían las de papel (desechables) y algodón (reutilizables). Las de papel son biodegradables, sin embargo, en los principales supermercados, multitiendas y farmacias se debe pagar por ellas y cuestan entre $100 y $ 200 la unidad. Además, su fabricación tiene un impacto directo en el medio ambiente. Yendo a lo práctico, un año de uso de bolsas de papel tiene un costo de $ 52.000. Por otro lado, las de algodón tiene un costo aproximado entre $ 3.000 y $ 5.000 cada una y tiene el problema de la escasez de materia prima a nivel mundial para su fabricación y su imposibilidad de reciclarse en el país al finalizar su vida útil. En la misma lógica, un año de bolsas de este tipo tiene un valor de $ 45.000.
Desde la ABR no comprenden que “se prohibirán las bolsas reutilizables con materia prima plástica, siendo éstas la alternativa más sustentable y económica, ya que están pensadas para ser usadas en promedio más de 125 veces. Con las bolsas de TNT (tela no tejida) o PP (polipropileno) el impacto sería más beneficioso para el usuario, ya que, una bolsa tiene un costo aproximado de $ 700, son lavables, reducen en gran cantidad las desechables, son reciclables al finalizar su vida y promueve el cambio hacia la reutilización para todo tipo de consumidor. Al año, sólo gastaríamos $ 6.300”.
En esa misma línea, Maturana fue tajante en agregar que “en definitiva, la ley 21.100 de prohibición de bolsas plásticas, dado sus errores técnicos, no está favoreciendo ni el cuidado de nuestros bosques ni la reducción del calentamiento global, porque para fabricar las bolsas desechables de papel continúa la tala indiscriminada de árboles y la alta contaminación para producir un producto de un solo uso”.
Al parecer, a esta ley aún le falta recorrido por avanzar para tener el impacto por la cual fue concebida; reutilización, sustentabilidad y generación de valor para la ciudadanía y el medio ambiente. Por ahora, la palabra la tiene la Contraloría.
