Autoridades de Gobierno y actores del sector privado coincidieron en que representa un avance para la tramitación de proyectos, aunque algunos expertos plantearon sus dudas respecto a la participación ciudadana anticipada.
A un mes desde que ingresó al Congreso el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), diferentes actores del mundo público y privado analizaron el posible impacto que tendrá esta iniciativa en los distintos sectores económicos, en el marco de la conferencia “Reforma al SEIA: nuevas reglas del juego”, organizado por SOFOFA, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile (Camacoes) y Barros & Errázuriz Abogados.
Aunque en general coincidieron en que esta reforma presenta avances importantes, como mayor certidumbre para las empresas para invertir, existieron distintas visiones respecto de la normativa que obligaría a una participación ciudadana anticipada.
Hernán Brücher, director de Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se refirió a los principales cambios de la normativa. Entre ellos destacó la introducción de una etapa de participación ciudadana de carácter anticipada, obligatoria en todas las evaluaciones de impacto ambiental.
“La idea es que las comunidades puedan opinar en la etapa de diseño del proyecto”, explicó Brücher. “Hoy la participación ciudadana es bastante baja –cerca de un 5% de las declaraciones de impacto ambiental- por lo tanto, acá hacemos un llamado a fortalecerla”, añadió.
El plazo máximo de duración de esta participación ciudadana de carácter anticipado es de 18 meses, transcurridos los cuales hay un plazo de dos años para someter el proyecto a evaluación ambiental.
Otros cambios destacados por la autoridad fueron la creación de macrozonas de evaluación (norte, centro y sur) y que las comisiones evaluadoras ya no serán elegidas por el Presidente. Esto, explicó Brücher, con la intención de disminuir el componente político de las mismas, haciéndolas más técnicas.
Además, se elimina la invalidación administrativa (que hoy se puede solicitar a dos años), y se acota a un plazo de 30 días, con la finalidad de disminuir incertidumbres, tanto para las comunidades como para los desarrolladores del proyecto.
Visiones
La conferencia fue inaugurada por el vicepresidente de SOFOFA, Gonzalo Said, quien en su discurso afirmó que, “si bien consideramos que este proyecto de ley va en la dirección correcta, es importante avanzar también en redefinir el rol meramente coordinador del Servicio de Evaluación Ambiental, así como en otorgarle mayores grados de autonomía a sus directivos del ciclo político. Del mismo modo, y dado que se propone que los Tribunales Ambientales sean la única instancia de reclamación de las decisiones administrativas, consideramos también relevante fortalecer sus capacidades técnicas y jurídicas y simplificar los mecanismos de su designación”.
Por su parte, José Enrique Auffray, presidente de la Cámara de Comercio Española, afirmó que el debate en torno a la reforma debiera contribuir a un mejor entendimiento del camino a seguir, con reglas del juego claras, que garanticen la validez de los permisos ambientales obtenidos y nos permita seguir invirtiendo en el desarrollo de proyectos sostenibles. “En CAMACOES creemos que parte de la tarea como empresas españolas de energía e infraestructura en el siglo XXI, es invertir con una clara conciencia social y medioambiental”, agregó.
Cristobal Pellegrini, director del área de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Barros & Errázuriz, destacó la necesidad de abrir el debate en torno a la reforma, para ir nutriendo la discusión de diferentes puntos de vista y sumando a distintos actores. “En esa línea, invitamos al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Energía a tener un rol más activo en la evaluación de los proyectos de sus carteras”.
El subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal y de Obras Públicas, Lucas Palacios; el Managing Director and Head of Financial Solutions & Advisory de Banco Santander, Jaime Arriagada; el presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Álvaro García; el Gerente General de Consultora SGA, Jaime Solari; y presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, participaron del panel para dar su visión desde cada uno de los rubros.
Entre las inquietudes planteadas, los panelistas coincidieron en la necesidad de eliminar trámites innecesarios para acelerar los tiempos de procedimiento, y en la urgencia de dar mayor certeza sobre la vigencia en el tiempo de las decisiones que se tomen, para evitar problemas de financiamiento. También se valoró la propuesta de eliminar el componente político de las comisiones evaluadoras, haciéndolas más técnicas, lo que se lograría disminuyendo el número de sus miembros elegidos por el Presidente de la República.
Un punto que generó discusión fue la incorporación obligatoria de una participación ciudadana anticipada. Los presentes valoraron la inclusión de las comunidades en el diseño de los proyectos, argumentando que esto evitaría conflictos en el futuro. Sin embargo, algunos hicieron ver que esta participación debiese ser voluntaria y según el tipo de proyecto, ya que el tiempo ahorrado en trámites se perdería en los 18 meses disponibles para llegar a acuerdos con los ciudadanos.
El ministro del Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, finalizó el encuentro, destacando que la propuesta de reforma al SEIA incluye iniciativas que apuntan a dar certeza jurídica para los inversionistas y respeto por las comunidades.
Respecto de la participación ciudadana, afirmó que es necesario preocuparse de cómo disminuir la asimetría de información, las brechas entre el Estado, las empresas y las comunidades.
Así también, llamó a ampliar la mirada y a no poner muchas fichas al SEIA como si fuera la gran herramienta que va a solucionar todos los problemas.
