Estudio presentado por Defensa Pyme dio a conocer la opinión de emprendedores, pequeños y medianos empresarios frente a las medidas expuestas en el proyecto de ley Pago Oportuno, en medio de las críticas que se han generado al respecto.
Generando muchas expectativas entre los pequeños y medianos empresarios, en mayo pasado el Gobierno anunció el proyecto de ley de Pago Oportuno para Pymes, el cual contemplaba, como una de sus principales medidas, la obligación del pago de la factura a partir del día convenido y no más de 60 días máximo, considerando el cobro de intereses por día de atraso. Finalmente, dentro de los próximos días el proyecto será tramitado con “suma urgencia” en Sala.
En este contexto, Defensa Pyme realizó un estudio con el objetivo de conocer la opinión de los emprendedores en relación al proyecto de ley. De las 262 pymes encuestadas, un 62% declaró funcionar con un Rut de empresa, versus un 38% que lo hace con el mismo Rut que su dueño. En relación a la cantidad de clientes, un 40% tiene entre 1 a 10 , lo que demuestra la gran dependencia que tienen las pymes con éstos.
Respecto a los impedimentos que frenan el crecimiento de las empresas, un 47% indicó la falta de financiamiento como principal traba, mientras que un 19% no crece por problemas de pago de clientes, apuntando, directamente, al proyecto de ley del Gobierno. Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme, comenta que “los 60 días planteados en el proyecto Pago Oportuno sigue siendo demasiado extenso y permite todavía a las grandes empresas generar liquidez o “hacer caja” a costa de sus proveedores”. “Un tiempo razonable y equitativo es de 30 días corridos, contados desde la emisión de la factura”, enfatiza.
Sobre el conocimiento que tienen las pymes sobre este proyecto, un 56% de los encuestados dice estar al tanto de la propuesta, mientras un 37% lo ignora. Así también, se identifica optimismo respecto al impacto que puede tener la regulación, ya que el 72% considera que contribuirá a mejorar la situación actual de su empresa.
En cuanto a las medidas que actualmente estipula el proyecto de ley, tienen mayor aprobación el Registro público sobre el comportamiento de pago de empresas y el Devengo de intereses por no pago de facturas en plazo establecido; ambas propuestas fueron evaluadas con nota 6,0 en promedio. La medida peor evaluada, con un 4,1 promedio, corresponde al plazo de excepción de tres años a organismos públicos. Según el abogado de Defensa Pyme, faltó mayor rigurosidad en los plazos y, además, exceptúa de su vigencia al sector público, que es el de peor comportamiento en materia de pago a proveedores. “La iniciativa fija en tres años el período durante el cual el Estado, los organismos públicos y municipalidades estarán exceptuados de cumplir las obligaciones que establece el proyecto, lo que es lamentable”, plantea.
