Según la última Encuesta de Discapacidad en Chile (2015), el 16,7% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Con la puesta en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, se abren oportunidades para que cientos de chilenos sean incluidos en el mundo del trabajo, sin embargo, hay otras áreas del ciclo de vida de una persona que no han sido abordadas.
Así lo explicó María Soledad Martínez, jefa de Estudios y Asuntos Públicos de Fundación Descúbreme, quien enfatizó que “en general, cuando hablamos de discapacidad desde la política pública y la comunicación, se aborda como tema y no desde la persona. En cambio, cuando se sitúa a la persona en el centro de la conversación, y en este caso a aquellas con discapacidad, estamos hablando del ciclo de vida y su tránsito a una vida independiente. Es así como distintos aspectos, como educación inclusiva, inclusión laboral, la estimulación temprana y la capacidad jurídica, son todos factores que inciden en que puedan tener una vida independiente”.
Martínez agregó que lo ideal es que los programas sociales que se desarrollen tengan este concepto como base, y no solo que haya una preocupación por un tema puntual. “En el caso de la inclusión laboral, si vamos a desarrollar una iniciativa, la idea es que se haga con miras al tránsito a una vida independiente y no a perpetuar una vida poco autónoma, donde la persona con discapacidad no disponga de los apoyos para que se pueda desarrollar en sociedad”, destacó.
En cuanto a la situación en relación a otros países, Martínez explicó que “en Australia o Noruega existen políticas públicas que están estructuradas en torno al ciclo vital de las personas con discapacidad. En el caso de Chile, la ley de inclusión es un primer paso, pero no está de la mano con modificaciones o mejoras de la educación inclusiva y pasa que no hay perfiles que puedan cubrir los cupos laborales que abre la normativa, entonces abre puertas para oficios básicos, pero no para cargos gerenciales, o que solo les permite incorporarse al trabajo, pero no desarrollarse. Por tanto, para facilitar este tránsito, se podría haber articulado la ley, con la educación y políticas de estimulación temprana de las personas con discapacidad cognitiva”.
Cabe destacar que hace una década Chile aceptó como Ley Nacional la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que en sí mismo constituye un avance en materia de inclusión social. “Estamos en un proceso de cambio cultural, donde las normas se han convertido en aceleradoras de transformaciones y donde la sociedad civil, en un trabajo colaborativo con el gobierno y el sector privado, han aportado a este proceso. Aún tenemos desafíos importantes, por lo que la invitación es a actuar de forma articulada, a concebir modelos de inclusión social que pongan al centro a las personas con discapacidad, para generar condiciones de igualdad que les permitan transitar a una vida independiente mediante el ejercicio de sus derechos”, finalizó.
