Por Constanza Téllez, Presidenta de FOCCO y Directora General de LLORENTE & CUENCA
A partir del pasado mes de abril, entró en vigencia en Chile la Ley de Inclusión Laboral, que busca incorporar al mercado del trabajo a personas en situación de discapacidad, las que deben alcanzar el 1% de la fuerza laboral de las empresas con más de 100 trabajadores. Por tanto, se espera que en los próximos años se habiliten alrededor de 25.000 puestos en el sector privado y en torno a 2.500 en el sector público, lo que sin duda va a potenciar el desarrollo económico del país.
Cabe señalar que en Chile el 20% de las personas mayores de 18 años se encuentra en situación de discapacidad, lo que corresponde a poco más de dos millones de personas. De este porcentaje apenas el 40% participa en el mercado laboral, realizando algún tipo de trabajo remunerado, según datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad de 2015*.
Ahora bien, claro está que la ley “obliga”, sin embrago depende de las empresas e instituciones enfrentar el desafío e ir “más allá” del simple cumplimiento, y hacerse realmente cargo de una tarea que dice relación con generar una integración total de esta nueva fuerza laboral.
Ante esto, la disposición e iniciativa de las empresas para cambiar este escenario resulta fundamental. Sin embargo, el tema va más allá de la sola disposición, tiene que ver con llevar a cabo acciones concretas para mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad, entregándoles la oportunidad de desarrollarse de forma integral, apoyando la búsqueda de nuevos desafíos y objetivos por cumplir, tanto en el ámbito laboral como personal; como todos. No hablo de integración sino de inclusión.
Y destaco la palabra inclusión ya que ella nos permite pensar en el largo plazo, pavimentando carreteras y no caminando sobre senderos de tierra, lo que fomenta el desarrollo de las personas desde la base de la equidad, lo que se traduce en puestos de trabajo dignos, efectivos y que permiten proyección y calidad de vida.
Pese a todos los beneficios que trae para las personas y empresas comenzar a implementar políticas que tengan como foco la inclusión, también nos encontramos con que emplear a trabajadores en situación de discapacidad nos abre un mundo nuevo, que potencia la actitud positiva en el entorno laboral y fomenta el trabajo en equipo, lo que nos permite conformar una organización bajo una cultura más colaborativa y comprometida, que genera valores en el tiempo, como el orgullo de pertenencia que finalmente se traduce en una menor rotación laboral y mayor responsabilidad con el trabajo diario.
Para alcanzar esta meta, es relevante que las organizaciones desarrollen una “conciencia inclusiva”, proceso clave para concretar un ciclo de inclusión laboral eficiente, que comienza antes de la contratación de trabajadores: con una definición previa de derechos, deberes y objetivos justos, para luego seguir un espacio físico coherente con las labores y la implementación de constantes programas de capacitación, todo con el propósito de ofrecer alternativas de crecimiento personal y profesional para personas en situación de discapacidad.
Es relevante que las organizaciones tengan la capacidad de considerar esta nueva ley, como la pavimentación de un camino que avanza hacia una diversidad e inclusión completa, que incorpore a inmigrantes, distintos credos, diversidad de género y potencie un equilibrio en las organizaciones que sea representativo de la realidad social, la realidad actual, la realidad que muchos dicen conocer, o más veces señalan como “el nuevo Chile”, pero que se queda en un discurso teórico y poco práctico.
Con todo esto, la invitación -tanto para el sector público como privado y las distintas organizaciones ciudadanas- es seguir empujando con aún más fuerza este cambio de paradigma en la valoración de las políticas públicas, para que juntos podamos concretar una verdadera inclusión para todos y todas.
