Rodrigo García, Managing Director de ImplementaSur – Climate Action.
Un joven que ingresa hoy a la fuerza laboral y que comienza a cotizar en un fondo de pensiones, está potencialmente a 45 años de vivir de su jubilación (pensemos en el año 2063). Durante este período y en base a información del Atlas Agroclimático de Chile, se prevé que la temperatura de la Zona Central pueda subir alrededor de 2 grados Celsius (lo que aumentará la frecuencia de temperaturas extremadamente altas), y que disminuyan las precipitaciones hasta en un 30%. Debido a estos impactos atribuibles al cambio climático, los que irán en aumento hacia final del siglo, los ahorros previsionales de los chilenos estarán inevitablemente expuestos a pérdidas económicas que hoy no están siendo debidamente anticipadas.
Por esta razón, el cambio climático constituye un riesgo para el desarrollo social y económico que se manifiesta tanto en riesgos físicos (asociados a la discontinuidad operacional o la reposición de activos dañados por la alteración de variables climáticas), como en riesgos de transición (por efecto de potenciales regulaciones de precio al carbono; la preferencia de los consumidores hacia productos más verdes y la competencia frente a tecnologías bajas en carbono). Dichos riesgos pueden perjudicar el valor económico de los activos, los portafolios y las valoraciones de las compañías, exponiendo las inversiones a activos devaluados (o “stranded assets”).
Hacer frente a este desafío global implica cambios transformacionales en la forma en que participarán los inversionistas y cómo estos operarán en los mercados. Por ejemplo, a través de una perspectiva de largo plazo, que permita informar a los inversionistas sobre los riesgos que están asumiendo, y orientar a los administradores de estas inversiones para que puedan cumplir con su deber fiduciario.
Los Bancos Centrales de los países G20, a través del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), decidieron crear el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) con el fin de abordar esta problemática. En 2017, el TCFD publicó sus primeras recomendaciones con el objetivo de integrar la exposición a riesgos del cambio climático en los reportes de estados financieros. Estas recomendaciones van dirigidas principalmente al sector financiero, con el fin de incorporar una perspectiva de largo plazo coherente con los riesgos del cambio climático, y con la meta del Acuerdo de Paris de mantener el alza de temperatura promedio global bajo los 2 grados Celsius por sobre los niveles pre-industriales.
Aun cuando estas recomendaciones son voluntarias, tiene sentido adoptarlas en forma temprana, debido al gran impacto que estas pueden tener en las compañías y sus inversiones. A junio de 2018, 319 inversionistas (representando a más de 28 billones de USD en inversión) manifestaron su adhesión a los principios del TCFD, más de 237 compañías globales con un tamaño de US$ 6,3 billones se han comprometido a incorporar las recomendaciones del TCFD, y varios fondos de pensiones de Francia, Nueva York, California, Canadá, Reino Unido, Japón, Noruega y Suecia, están exigiendo este camino.
Uno de los hitos de este proceso ha sido empujado por la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), quien junto con 16 bancos internacionales líderes que representan más de 7 billones de USD crearon un proyecto piloto y publicaron recientemente una primera guía para ayudar al sector bancario a adoptar las recomendaciones del TCFD. Esta metodología permite incrementar la comprensión de los bancos sobre cómo el cambio climático podría impactar su negocio, es decir, permite reforzar la transparencia sobre la exposición a los riesgos y oportunidades de las instituciones financieras ante el cambio climático. UNEP-FI está actualmente creando otro grupo piloto con inversores institucionales líderes a nivel mundial e incluye fondos de pensiones, instituciones de gestión de activos y aseguradoras, y se espera que el reporte se publique a fines de este año.
El volumen de activos financieros que manejan los inversionistas institucionales chilenos (especialmente las AFP) puede tener un impacto relevante, si la regulación nacional es capaz de adoptar las recomendaciones del TCFD. La Bolsa de Comercio de Santiago ya está marcando la pauta, con el compromiso de incorporar los principios de estas recomendaciones en la actualización de sus guías de emisores.
Desde la consultora experta en cambio climático, ImplementaSur, estamos convencidos de que es vital instalar capacidades en las instituciones y autoridades financieras de Sudamérica para evaluar apropiadamente estos riesgos, y así acelerar la migración desde nichos riesgosos ante el cambio climático hacia nuevos segmentos bajos en carbono y resilientes al clima. De esta forma, los mercados financieros pueden transformarse en un catalizador de nuevas oportunidades de inversión sostenible y pueden minimizar las pérdidas económicas futuras, por ejemplo, para quien comienza hoy a cotizar en un fondo de pensiones.
