El 13 de marzo pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera, le dio urgencia simple a la Ley de Extranjería, pendiente desde 2013 y sin movimiento en el congreso durante el Gobierno de Michelle Bachelet. Los cuestionamientos por parte de la opinión pública y los mismos migrantes residiendo en Chile, hacen eco de la tardía reacción de los gobiernos en reformar la ley, así como también de las restricciones y requisitos de ingreso para migrantes que vienen en busca de trabajo y una mejor calidad de vida. Una situación que la abogada alude a la “falta de voluntad política y porque hasta hace 8 años atrás la migración no era tema”.
Efectivamente, ha habido un aumento en la tasa migratoria del país, donde sólo en 2017, ingresaron 269 mil personas provenientes de Haití y Venezuela, duplicando la cifra de 2016, según fuentes de la PDI. En consecuencia, la permanencia de migrantes ilegales en el país ha aumentado, llegando en el caso de la comuna de Santiago a concentrar el 70% del comercio ambulante ilegal. En esta instancia, la solución por parte de Francisca Vargas, está en cambiar los requisitos de ingreso para personas no profesionales que vienen en busca de trabajo. “Si ellos tuvieran la posibilidad de entrar al país por 3 a 6 meses con un documento que les permita trabajar de forma legal, el comercio ambulante ilegal bajaría”, afirma.
Ante este escenario, cuestiona uno de los puntos de mayor relevancia del proyecto que reformará la Ley, el cual indica que los migrantes que estén residiendo en Chile deberán salir del país para aplicar a una visa de trabajo. “Si el Presidente quiere velar por la seguridad del Estado, no se debería poner más trabas de ingreso”, asegura.
La Ley de Extranjería data de 1975 ¿Por qué no ha cambiado?
Técnicamente es un decreto Ley de 1975 y es importante mencionar esto porque no es una ley votada por el congreso nacional. No se ha cambiado por un tema de voluntad política y por otro lado hasta hace 8 años atrás la migración no era tema. Chile en general era un país de emigrantes.
Tenemos una comunidad de más de 130.000 peruanos viviendo en Chile, según la encuesta Casén 2015 y la mayor migración de ellos se vivió durante la década del 2000. Teniendo este antecedente en cuenta ¿Por qué no se reformó antes la ley?
Efectivamente hubo una llegada de muchos peruanos a Chile en décadas pasadas, pero no con la magnitud que se ve hoy en día. No fue un boom de migración. Lo países desarrollados tienen un porcentaje de un 13% y nosotros estamos llegando al 3% -contando los migrantes regulares e irregulares- por lo que no fue tema en las agendas políticas.
Otra razón, que a las personas le sigue llamando la atención, es el color de la piel, ya que haitianos tienen una tonalidad más oscura que los peruanos. Incluso, sabiendo que ellos (los haitianos) no son la población mayoritaria migrante de Chile, la gente tiende a notarlos más. Además, los peruanos hablan español y tienen costumbres más parecidas a los chilenos. Esos factores hacen que el tema esté más en boga.
Según datos de la Municipalidad de Santiago, el 70% del comercio ambulante ilegal de la comuna son migrantes. Muchos de ellos trabajando de forma ilegal para chilenos que están en conocimiento de la situación, como el ejemplo que dio el Alcalde de Santiago a Radio Concierto, al afirmar que había chilenos contratando de manera irregular a migrantes para que vendieran jugos de frutas en la comuna ¿Cree usted que en ese aspecto falta mayor fiscalización?
Después de hacer una nueva ley de migración, claro que sí. Pero hoy en día el problema netamente es la ley, ya que para que un migrante pueda acceder a un trabajo debe tener una visa, pero para eso necesita demostrar un trabajo o sustento económico. Ahí te encuentras con un círculo vicioso que perjudica exclusivamente al migrante, porque cuando él quiere arrendar un departamento o casa no tiene como comprobar renta o un aval, por lo que debe sub arrendar y muchas veces pagar de más por un espacio pequeño. Aquí en la clínica hemos tenido casos de migrantes que terminan viviendo en paupérrimas condiciones, hacinados y entre paredes de cartón piedra, por lo que muchas veces, para mantenerse económicamente, recurren al comercio ilegal porque no ven otra salida.
¿Cuál podría ser una solución?
Si ellos tuvieran la posibilidad de entrar al país por 3 a 6 meses con un documento que les permita trabajar de forma legal, el comercio ambulante bajaría y se tendría registrada a la gente que entra a trabajar al país. En ese caso, por supuesto que se podría aumentar la fiscalización.
La ley actual permite que la gran mayoría de extranjeros pueda transitar libremente por 90 días en Chile desde su llegada. Para evitar mayor migración ilegal ¿Debería ser más estricta esta nueva ley?
No, porque está comprobado en muchos países que entre más trabas pones tanto al ingreso como a la permanencia de un país mayor migración irregular se genera, ya sea por pasos no habilitados o por tráfico de personas, situación que ocurre en nuestras fronteras.
Hoy en día, especialmente los haitianos, tienen pocas posibilidades de permanecer de forma legal, ya que al llegar al país, el oficial de turno, casi nunca los deja entrar si dicen que vienen a buscar trabajo. En consecuencia, tienen decir que vienen de turistas aunque no lo sean.
Entonces ¿Son mayoría los migrantes no profesionales?
Muchos de los profesionales que vienen a Chile tramitan su visa desde afuera y no tienen problema. Pero los que no son profesionales tienen muchas barreras para hacerlo desde el exterior.
Teniendo en cuenta que el derecho humano al libre tránsito (que es lo mismo que el derecho humano a migrar) -que está en la convención americana (tratado internacional ratificado por Chile)- no tiene como pre requisito que seas profesional. El Estado receptor puede poner ciertos requisitos de ingreso, pero siempre tiene que respetar el derecho humano de todos nosotros a migrar, por ejemplo, no poniendo trabas arbitrarias o excesivas.
Países como Australia o Canadá permiten trabajar a migrantes profesionales y no profesionales con un visado de trabajo por un año, una política de migración que ha sido ampliamente celebrada por los usuarios de la visa ¿Cree que en Chile se podría aplicar el mismo criterio?
Es una idea que cautiva, pero el problema es que la historia ha demostrado que si la gente no accede a través de un consulado se va venir igual y la experiencia chilena ha demostrado que los consulados no dan abasto. En nuestra clínica más del 50% de los casos atendidos el año pasado fueron de personas de República Dominicana que se habían venido a Chile sin la visa consular.
Muchos de ellos no sabían que la necesitaban y habían escuchado por amigos o amigas que tenían que venirse y en la frontera había personas que les sacaban sus “papeles”, lo cual no es legal, pero ellos no lo sabían o no averiguaron por desesperación de venirse rápido. Por lo tanto, lo adecuado sería que estas personas, al igual que muchas de otras nacionalidades hoy en día, pudieran presentarse en la frontera e ingresar como turistas, y lo que sería aún mejor es que pudieran señalar que vienen a buscar un trabajo, mejores oportunidades de visa o por alguna situación de necesidad, y que con ello se les permitiera el ingreso por un tiempo determinado para arraigarse en el país.
Debido a la alta tasa migratoria en los últimos años ¿Ha carecido el Estado de proveer una mejor vida a los migrantes?
El Estado ha venido fallando hace un tiempo, sobre todo, en no cambiar la ley. Bachelet en su primer mandato prometió cambiarla y no pasó nada. Luego, hizo un proceso en un segundo mandato y desde 2017 está sin movimiento en el congreso. El Presidente Piñera, por su parte, presentó el proyecto en 2013 y ahora en 2018 se le puso urgencia simple.
Sin embargo, hay que ser justo y decir que el gobierno anterior sacó una visa para niños y niñas especial que no existe en la ley y que es fantástica. Está asociada al programa “Chile te recibe” enfocado plenamente en los niños. Hay que reconocer también que el Estado desde 2014 ha avanzado en brindarle mayor cobertura de salud a migrantes.
¿Ha tenido la oportunidad de hacerle llegar sus comentarios a los encargados de reformar la ley?
Si, ellos tienen nuestras indicaciones y el de otras organizaciones que velan por este tema. Una de las cosas que no estamos de acuerdo con el actual proyecto, es que las personas con visa de turista deberán salir del país para aplicar a una visa de trabajo y eso no va a pasar, se van a quedar aquí. Te lo aseguro, porque hay mucha evidencia internacional y literatura que lo acredita.
Cuando las personas quieran aplicar a una visa de trabajo desde fuera, los consulados han demostrado no dar abasto debido a la alta tasa migratoria, que en Chile además, va en aumento. Además piénsalo de esta forma: si estás acá y tienes una oportunidad laboral, o saliste por una necesidad, ¿te vas a devolver? ¿Con qué dinero? Y si trajiste a tus hijos ¿los vas a dejar solos? ¿te los vas a llevar contigo y los traeras de vuelta? ¿y si van al colegio? No tiene sentido, y afecta el derecho a la libertad de la persona, la familia y su economía personal.
¿Ve realmente posible que se tomen en cuenta aquellas indicaciones?
Nosotros esperamos que sí, pero según los dichos del Gobierno, la ley va hacer más estricta en cuanto a los ingresos migratorios. Eso va a ser muy perjudicial, porque si el Presidente quiere velar por la seguridad del Estado no se debería poner más trabas de ingreso, al contrario, deberían permitir el ingreso en igualdad de condiciones (con condiciones ajustadas a la realidad) y así el Estado puede saber quiénes están en Chile. Una vez estando acá si la persona no cumple con la normativa se tendrá que ir. Ninguna de las personas que hemos atendido aquí en la clínica quiere vivir de forma ilegal. La gran mayoría de migrantes irregulares que vienen quieren hacer todo lo posible para trabajar de forma legal y aportar al país.
Francisca Vargas es abogada de la Universidad Diego Portales y Magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional de la misma Casa de Estudios. Ha participado de diversos cursos sobre derecho internacional de los refugiados, migración y nacionalidad y apatridia. Se ha desempeñado como asistente en distintas investigaciones respecto de las temáticas mencionadas y fue pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, área de protección.
Actualmente, es directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, profesora de la misma casa de estudios, y coordinadora del proyecto sobre atención jurídica a solicitantes de asilo y refugiados en el Centro de Derechos Humanos UDP. Asimismo, es integrante del grupo de docentes en derecho internacional de los refugiados del Refugee Law Reader (Hungarian Helsinki Committee/ACNUR), de la Red de Protección de Fronteras y de la Red de Apoyo Legal a Refugiados de las Américas (RALRA).
