La nueva herramienta es parte del Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial, impulsado por Valor Minero, que tiene como meta crear una política pública que ordene la relación entre las comunidades organizadas, Estado y empresas.
Con gran asistencia y activa participación de expertos, representantes de empresas, organismo del Estado y comunidades, Fundación Casa de la Paz realizó un taller de presentación y validación del diseño final de un Fondo de Apoyo al Dialogo. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT), liderado por la alianza público-privada Valor Minero, el que busca establecer y entregar al nuevo Gobierno una política pública que permita ordenar la relación entre las comunidades locales, el Estado y las empresas responsables de proyectos estratégicos de inversión, en ámbitos que van desde la minería al inmobiliario.
María Eliana Arntz, directora ejecutiva de Casa de la Paz, explicó que “tras seis meses de un proceso participativo en el que entrevistamos a actores de las comunidades, empresas y del Estado y revisamos experiencias tanto en Chile como el extranjero, hoy presentamos una propuesta de Fondo que permite el financiamiento de un Sistema de Diálogo Permanente, es decir, durante todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión e involucrando a los titulares de proyectos y a las comunidades afectadas.
La experta agregó que “esta herramienta busca financiar las actividades necesarias para la materialización de procesos de diálogo constructivos, que no afecten la autonomía de los distintos actores involucrados y rompan con las asimetrías que han marcado la relación entre empresas y comunidades”. De ahí que se hayan establecido un conjunto de principios que enfocaron el diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo y que corresponden a la legitimidad, dada por la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de la herramienta, sumada a una gobernanza que incluya al sector público, privado y a las organizaciones sociales.
El Fondo se conformará gracias a los aportes de los titulares de proyectos y del Estado, de ese total solo un 10% podrá ser destinado a costos de administración y gestión y el 90% restante debe asignarse al proceso mismo de diálogo. Asimismo podrá ser solicitado por los titulares de proyectos que hayan aportado y las comunidades afectadas o interesadas en el proyecto y registradas en el registro de organizaciones inscritas en municipios; en el Registro Nacional de Personas sin Fines de Lucro, Conadi, movimientos no registrados, ONGs y otras entidades con intereses ambientales y/o sociales particulares que acrediten interés territorial o bien frente a los potenciales impactos.
La herramienta, en tanto, podrá financiar procesos de Habilitación para el Diálogo, lo que incluye apoyo a facilitadores internos, capacitaciones diversas, asistencias técnicas y recursos materiales para comunidades; Procesos de Facilitación tales como participación ciudadana anticipada, consulta indígena, participación ciudadana formal y facilitación de cara a conflictos durante la construcción de proyectos, operación y/o cierre, y finalmente, Mediación de conflictos, junto a protocolos de entendimiento.
“Nuestra propuesta concitó un amplio consenso entre los participantes en torno al propósito y al modelo de administración que planteamos”, sentenció Arntz.
