Cada año, 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar, afectando a las especies que viven en ecosistemas marinos.
La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto al ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, llegó hasta el mirador de Punta de Lobos, en Pichilemu, para firmar el proyecto de Ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas por parte del comercio en las 102 comunas costeras, y que permite que se sumen comunas no costeras mediante ordenanzas municipales.
Cada año, 8 millones de toneladas de plásticos llegan al mar y cerca del 30% de los envases de este material nunca serán reutilizados o reciclados, generando un impacto negativo en zonas costeras, pues diversas especies que viven en ecosistemas marinos son afectadas por la interacción con plásticos, por ingestión o por estrangulamiento. Hoy el 90% de las aves marinas, ha consumido plástico en al menos una oportunidad y se calcula que para el año 2050, esta cifra llegará al 99%.
“La reducción de residuos plásticos arrojados al mar es una tarea que sólo sacaremos adelante si todos cambiamos nuestros comportamientos y en toda la cadena: producción, consumo, comercio, manejo de residuos, fiscalización y, por supuesto, educación”, señaló la Gobernante.
El ministro Mena resaltó la iniciativa legal, calificándola como “un hito importante a nivel mundial. La ONU destaca el ejemplo de Chile como el primer país en toda América en establecer una medida de esta magnitud”.
Estableció además que es urgente evitar que los plásticos lleguen a los océanos, ya que “muchas especies ven el plástico como alimento; lo ingieren y lo acumulan en sus estómagos. Cuando se van degradando, los microplásticos son ingeridos por los peces y, finalmente, llegan también a nuestro organismo”.
Actualmente, 55 municipios han aplicado algún tipo de regulación. No obstante, existe un impedimento para que las municipalidades puedan, a través de sus ordenanzas, prohibir la entrega de bolsas plásticas: la Contraloría General de la República ha señalado que dicha medida debe ser establecida por una norma de rango legal. Por otra parte, ha aumentado el respaldo ciudadano a iniciativas de regulación a la entrega de bolsas plásticas, el cual, de acuerdo a la última Encuesta Nacional del Medio Ambiente (2016), llega al 92% de la población.
“Ciudades como Punta Arenas han visto los beneficios de esta prohibición, porque se reduce significativamente la presencia de bolsas plásticas en los paisajes y ecosistemas”, explicó la autoridad ambiental.
El proyecto establece también que la fiscalización será de cargo de las municipalidades y que el incumplimiento será sancionado con una multa de hasta cinco unidades tributarias mensuales por bolsa, y serán aplicadas por los Juzgados de Policía Local correspondientes. Además, la entrega de bolsas biodegradables en establecimientos de comercio deberá tener certificación ante el Instituto Nacional de Normalización. Mediante resolución exenta, el Ministerio del Medio Ambiente aprobará las normas técnicas que establezcan los estándares de calidades propias de las bolsas biodegradables y los procedimientos y métodos de ensayo.
“El valor del proyecto de ley que hoy firmamos es que permite poner el pie en el acelerador al dar a Chile una medida más eficaz para el control de la contaminación de los océanos. Estamos pasando de la buena voluntad de algunas comunas y comerciantes a darle rango de norma a nivel nacional”, valoró la Presidenta Bachelet.
Finalmente, agregó que “es una oportunidad para que todos los ciudadanos colaboremos para revertir el daño ambiental, para que todos podamos ser parte de un cambio positivo”.
