De esta forma, CCU es la octava compañía en asociarse a la Fundación Pro Bono, comprometiendo a los abogados de Fiscalía de su departamento de Asuntos Legales, a desarrollar trabajo voluntario tendiente a resolver requerimientos legales de la comunidad, mediante una asesoría de primer nivel.
CCU formalizó su ingreso como socio estratégico de Fundación Pro Bono, sumándose a la labor de promover el acceso a la justicia en sectores en situación de vulnerabilidad. De esta forma, se transforma en la octava compañía en asociarse a la Fundación, comprometiendo a los abogados de Fiscalía de su departamento de Asuntos Legales a desarrollar trabajos voluntarios, tendiente a resolver requerimientos legales de la comunidad, mediante una asesoría de primer nivel.
El acuerdo se inserta en el programa Departamentos Legales de Empresas que desarrolla Pro Bono y se propone ampliar el acceso a la justicia de organizaciones y personas en situación de vulnerabilidad y cubrir de manera eficiente sus necesidades jurídicas.
Para Felipe Benavides, Gerente de Asuntos Legales de CCU, la presente alianza “se alinea con la misión de nuestra compañía en el sentido de que el tema de la solidaridad y la inclusión resultan muy importantes. Por eso quisimos asumir este desafío y acercar el derecho a las personas, como nos gusta el trabajo bien hecho, por el bien de las personas, extendiendo el beneficio que significa tener una asesoría legal de calidad a más personas”.
Desde sus inicios, a fines del año 2000, la Fundación ha generado numerosas alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas con el propósito de identificar situaciones que ameriten la intervención voluntaria de abogados. A esto, se suma la difusión de esta práctica a nivel nacional e internacional y el intercambio de experiencias.
“Para nosotros es un orgullo que la Fiscalía de CCU se incorpore a la Fundación. Tenemos como misión contribuir al acceso a la Justicia de grupos vulnerables como un deber ético de la profesión. Este deber ético no es solamente para los abogados que ejercen de manera liberal en un estudio, sino también para todos los que ejercen en empresas e incluso en el sector público”, subrayó Pablo Guerrero, Presidente de Pro Bono y socio del estudio de abogados Barros y Errázuriz.
Guerrero destacó el hecho de que una de las ventajas comparativas de Pro Bono es trabajar tanto con personas naturales como con organizaciones. Por ello “tenemos capacidad para atender temas un poco más complejos y, además, en el caso de las organizaciones sociales, no existen organismos públicos que les den asesoría legal y que muchas veces son sumamente relevantes para poder cumplir los fines de ayuda social que ellas mismas realizan. Por lo tanto, hemos venido a llenar un nicho que no estaba cubierto”, concluyó.
