En mayo del año 2016 se promulgó la Ley de Fomento al Reciclaje también conocida como la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la cual implica un reto importante para las empresas que desde ahora deberán hacerse cargo de la organización y financiamiento de los residuos derivados de sus productos.
Se trata de una normativa que viene rediseñar el enfoque de la administración de los residuos en nuestro país, incorporando la valorización como un elemento fundamental en la gestión.
Es así como la inyección de nuevos recursos que involucra la REP viene justamente a solucionar uno de los grandes problemas que existen en Chile para avanzar en el reciclaje, puesto que resulta más barato enviar los residuos a disposición final que valorizarlos, en este sentido la ley promueve una economía más sustentable que incentiva la eficacia y valoración en el tratamiento de los desechos, y que a la vez, permitirá formalizar la industria de recuperación y reciclaje.
Lo anterior se logrará gracias a que los fabricantes e importadores de productos prioritarios deberán organizar y financiar la recuperación de los residuos a través de los sistemas de gestión, que conllevan a aplicar el principio: “el que contamina paga”, pues estos últimos deberán hacerse cargo las externalidades negativas que se generen.
La ley, a través de los reglamentos, impondrá metas de recuperación y valorización de residuos, lo que implica definir mecanismos que incentiven la separación desde el origen en conjunto con la valorización y además obligará a todos los productores a aportar en la gestión de los desechos, disponiendo recursos para esa labor.
Para lograr estos objetivos y cumplir las metas de recuperación que se establezcan, es clave la participación de los ciudadanos, quienes deberán realizar una segregación previa y adecuada de los residuos para posteriormente depositarlos en los puntos habilitados para su recolección o entregarlos a la recolección en origen.
En Europa, por ejemplo, toda la implementación de la REP se basa en la separación desde el comienzo y en la recolección selectiva, y a través de esta práctica se logra involucrar a todos los actores (consumidores, productores, municipios, etc.), sin embargo, para garantizar el éxito de esta misión se requiere de sistemas bien diseñados y administrados, que puedan operar a costos razonables.
Es importante destacar que esta ley implica una serie de desafíos y oportunidades para todos los actores de la cadena de la gestión de residuos, por ejemplo, los productores tendrán el incentivo de incorporar conceptos como el ecodiseño, el cual conduce hacia una producción más sostenible y un consumo más racional de recursos.
Ahora bien, cuando hablamos de reciclaje, es fundamental contar con consumidores más educados y dispuestos a cambiar algunos hábitos que favorezcan la valorización, para ello los consumidores de productos prioritarios tendrán un rol activo, puesto que deberán separar y clasificar los desechos desde su origen, distinguiendo los que son potencialmente valorizables.
Debido a lo anterior, la implementación de la REP requiere de una estrategia de comunicación y educación ambiental, que promueva cambios culturales por lo que es fundamental el rol del Estado y las Municipalidades; y por supuesto de las empresas, que deberán incentivar y movilizar a los consumidores de sus productos para que sean llevados a los puntos de acopio.
Esta normativa requiere de diversos reglamentos para su plena implementación y se espera que refuerce el cambio cultural necesario para gestionar adecuadamente los residuos, lo que además puede brindar oportunidades de emprendimiento, incorporación de nuevas tecnologías y generación de empleos.
