El economista de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, afirma que el acuerdo ilegal entre CMPC y la estadounidense Kimberly Clark genera “una desconfianza tremendamente grave” en el modo de operar del mercado chileno. Indica que las penas de cárcel para los ejecutivos que incurren en estas prácticas pueden provocar menos reincidencias.
Este martes se conoció el documento de delación compensada que CMPC, que participó en el caso de colusión del papel tissue, presentó a la Fiscalía Nacional Económica. En este, se supo que la papelera reconoció también un acuerdo ilegal de alzas de precios en los pañales para bebé con la multinacional Kimberly Clark.
Al respecto, el economista de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, sostuvo que el hecho “genera una tremenda desconfianza” en el modo de operar del mercado chileno, y que eso representa una situación “peligrosa para el país”.
“Esta situación revela que hay ejecutivos que solo buscan maximizar sus activos sin permitir que se desarrolle la competencia con sus oponentes. Esto, mediante acuerdos ilegales, lo que genera desconfianza y un abatimiento nacional”, explica.
Además, apunta a la prescripción de estos actos. “Delitos como este, realizados de 2002 a 2009 ya no pueden ser perseguidos, porque ya ha expirado el hecho”, agrega.
El especialista sostiene que las penas de prisión efectiva pueden tener un efecto más ejemplificador que las multas que actualmente se cursan. “Que paguen con cárcel los ejecutivos hará que, probablemente, dejen de reincidir en estas conductas”, sostiene.
Sin embargo, reconoce que esto pudiera tener el efecto no deseado de que estos ejecutivos, a sabiendas de los delicados castigos a los que se exponen, “comiencen a ser más agiles y dejen menos rastros” de sus conductas delictuales.
El especialista indica que “algunos creen que la delación compensada es un incentivo perverso que no conduce a nada, salvo para saber lo sinvergüenzas que son los ejecutivos y empresarios, pero no para establecer sanciones”.
No obstante, sostiene que “es difícil investigar actos sobre los que ni siquiera hay una insinuación de denuncia”.
“Una Fiscalía más proactiva significaría tener a un equipo bastante grande atento a lo que ocurre con cada una de las acciones de los ejecutivos y la evolución de los precios en cada uno de los mercados. Un ejército grande que vaya haciendo correlaciones suficientemente pesadas para decir que aquí ocurre un fenómeno irregular”, señala.
Con todo, Salas señala que aun con grandes equipos de fiscales “estaríamos sin conseguir la información que necesitamos, porque está dentro de las empresas”.
