El especialista de la Universidad de Santiago de Chile, Lucio Cañete Arratia, sostiene que uno de los principales factores que gatilla la degradación de suelo fértil, lo que provoca millonarias pérdidas para la producción agrícola, es la deforestación. Sin embargo, critica que no existan medios idóneos para obligar a los responsables de cortar árboles a reponer el daño que provocan, como estipula la ley. “La única forma de aplicar la normativa es aumentando los controles, a través de satélites o drones”, sostiene.
El 21% del territorio nacional se encuentra afectado por el fenómeno de la desertificación o degradación del suelo fértil, y un 79,1% se encuentra en riesgo. Al respecto, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) indica que la disminución de la capacidad productiva del territorio como consecuencia de esto se traduce en una merma de al menos 160 millones de dólares en el PIB.
Para el especialista en evaluación de proyectos de la Universidad de Santiago, Lucio Cañete Arratia, una de las medidas para enfrentar el avance de la desertificación en el país es fiscalizar mejor la Ley de Bosques, que obliga a reponer el equivalente al daño causado por la tala de bosque nativo. Esto, ya que una de las funciones que cumplen los árboles es, justamente, proteger el suelo.
“Hay mucha tala de bosques de tipo furtiva y no hay medios para obligar a la persona que realiza el corte para obligarla a que reponga ese daño. La única forma de aplicar la ley es aumentando los controles, mediante la vía tecnológica, a través de satélites o drones”, propone el académico de la Facultad Tecnológica del plantel estatal. Esto, a objeto de “exigirles que se ajusten a la ley y realicen la recuperación pertinente”, explica.
“A los medios de fiscalización no ha llegado la tecnología adecuada. Hay que ponerse las pilas en esto”, urge el doctor en ciencias de la ingeniería.
Por otra parte, el académico sostiene que las inadecuadas prácticas de riego y pastoreo que realizan los propios productores agrícolas también repercuten en la degradación de suelos.
“Lo que se recomienda para esto es capacitar a los agricultores, a fin de que manejen mejor su campo. Para eso, hay muchas empresas de transferencia tecnológica que están financiadas por Indap”, afirma.
“Los programas de capacitación para campesinos existen hace décadas, pero hay fenómenos contingentes que no han sido abordados, como la magnitud de la sequía, que se torna más extrema en Chile por el calentamiento global”, enfatiza.
En ese sentido, también llama a tecnificar el riego para ocupar el agua de manera más eficiente. “Chile también ha hecho muchos avances en esto, copiando tecnología de Israel y de otros países con una reducida oferta de agua”, ejemplifica.
Finalmente, para atacar las causas naturales de la sequía, indica que lo recomendable es poner urgencia a la construcción de embalses que retengan las escasas precipitaciones. “Chile está en varios proyectos de construcción de embalses en el Norte chico. Es algo que ya está en curso, los proyectos están en estudio y dentro de poco estarán en fase de licitación”, anticipa.
“Lo ideal es que todas estas medidas se implementen de manera simultánea, a fin de generar un efecto simétrico. Es decir, que se materialicen los embalses, que los agricultores tecnifiquen el riego y que, a su vez, las prácticas agrícolas contemplen el cambio climático”, sintetiza.
La situación puede ser más crítica en 20 años
Para el meteorólogo y académico del Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago, Álvaro Mauro, la desertificación tomará ribetes críticos en un plazo no menor a los 20 años.
El especialista en ciencias de la tierra apunta como una de las principales causas del fenómeno “el uso indiscriminado del agua por parte de la minería, lo que le quita posibilidades de riego a muchas localidades a nivel nacional. Es un tema que requiere más preocupación”, señala.
Por eso, indica que una solución a esto es potenciar el uso de agua de mar por parte del sector para llevar adelante sus procesos. “Eso implica hacer una inversión fuerte en plantas desalinizadoras. Es un tema que se debe reforzar, profundizar y darle más énfasis”, subraya.
Una mejor gestión de los recursos de áreas protegidas
Por su parte, el académico del Departamento de Gestión Agraria de la institución, Francisco Zorondo, sostiene que una de las medidas para contener las millonarias pérdidas por la desertificación, es que la gestión de las áreas protegidas –o territorios donde se custodia de manera oficial su preservación y conservación como patrimonio- contemple “la progresión del agua y se reconozca que, más abajo, hay un agricultor que necesita de este recurso”.
El doctor en ciencias ambientales destaca que “el país tiene en estas áreas administradas por Conaf alrededor de 15 millones de hectáreas protegidas, que corresponden a un 20% del país custodiado bajo este instrumento de gestión, el cual ayuda a reducir los impactos de la desertificación”, pero lamenta el hecho de que “hoy, esas áreas protegidas no están conectadas con la agricultura”.
De acuerdo a Zorondo, existe una ‘infraestructura gris’ –asociada a estructuras como cañerías o canales de riego- que impide ver la degradación ambiental, lo que ha repercutido en un daño progresivo de los suelos. “Siempre tenemos un embalse sacando y proveyendo agua, pero ese espacio verde que nunca hemos gestionado va a dejar de proveer este recurso y es allí cuando visualizaremos que perdimos un patrimonio importante, que afectaba a nuestro bienestar desde siempre”, sentencia.
